Perú: Arreglan oleoducto inoperativo 3 meses por conflicto

La petrolera estatal peruana inició el miércoles la reparación de su viejo oleoducto, que extrae hidrocarburos de la Amazonía luego de que en la víspera se firmara un acuerdo entre el gobierno...

La petrolera estatal peruana inició el miércoles la reparación de su viejo oleoducto, que extrae hidrocarburos de la Amazonía luego de que en la víspera se firmara un acuerdo entre el gobierno peruano y una comunidad indígena selvática que impedía arreglar el extenso ducto cortado desde fines de noviembre en protesta por unos resultados electorales locales y por el olvido estatal de esa remota zona del país sudamericano.

“Se comenzó a trabajar”, confirmó a The Associated Press Juan Beteta, de la oficina de comunicaciones de Petroperú. La labor de los técnicos de la petrolera estatal consistirá en colocar una grapa metálica al extenso tubo en una zona del bosque a 500 metros de la comunidad de Mayuriaga, donde viven unas 90 familias de la etnia Wampi en extrema pobreza, de acuerdo con datos oficiales.

La pronta puesta en actividad del oleoducto --que parte de la Amazonía hasta una refinería en la costa del Pacífico-- permitirá que la petrolera canadiense Frontera Energy Corp reinicie su producción de unos 12.000 barriles diarios luego que hace casi dos semanas anunciara pérdidas por diez millones de dólares debido a la paralización de este oleoducto clave de Perú.

La noche del martes, el primer ministro César Villanueva firmó un documento de entendimiento con miembros de la comunidad en la que el Estado peruano se compromete a mejorar las condiciones de vida de los indígenas principalmente en temas de salud y educación. Se mejorará la posta sanitaria y se construirá un colegio de nivel secundario, se electrificará la comunidad a fines de año y se colocará una antena de telecomunicaciones para acceder por primera vez al teléfono.

Petroperú detectó el corte al oleoducto el 27 de noviembre y acusó de cometer actos “delincuenciales” a los nativos. Poco después denunció a siete comuneros de Mayuriaga por el delito de extorsión, que de acuerdo a las leyes peruanas se castigan con no menos de diez años de prisión. Un grupo de indígenas que viven en Mayuriaga habían protestado sin éxito por los resultados de unos comicios municipales realizados en octubre y exigían nuevos comicios alegando fraude.

La AP no ha podido contactar a los líderes de Mayuriaga porque la comunidad, ubicada a unos 546 kilómetros al noreste de la capital y a la cual se llega en un viaje que incluye más de un día por auto así como otros dos días más a través de ríos, no tiene cobertura telefónica.

Las relaciones entre la petrolera estatal y los de Mayuriaga son amargas y son un reflejo de la relación de Perú con las comunidades amazónicas que viven cerca del oleoducto. “No tienen ni siquiera un teléfono, están en mitad de la nada, no tienen forma de comunicación, salvo que vayan a la estación de Petroperú y rueguen que les presten la radio”, dijo Frederica Barclay, una profesora de Antropología experta en temas amazónicos de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

“Hay una enorme desconfianza de las comunidades hacia el cumplimiento de compromisos del Estado... basta darse una vuelta por las comunidades y hallarás compromisos de remediación ambiental, de mejorar las escuelas, las postas, se firman y se firman compromisos y el Estado incumple o cumple mal”, añadió Barclay.

En 2016 los indígenas de Mayuriaga retuvieron a un helicóptero militar en protesta por no ser incluidos dentro de un plan de emergencia ambiental decretado por el gobierno tras un derrame de petróleo que afectó a Mayuriaga provocando a varios niños y adultos diversos síntomas, entre ellos náuseas y dolores de cabeza, de acuerdo con datos de fiscalización ambiental.

Los conflictos entre indígenas peruanos y la petrolera estatal se han acumulado por 41 años desde la construcción del oleoducto. Sólo desde 2011 se han producido 44 derrames petroleros, de los cuáles 24 han sido causados de manera intencional, según datos de la autoridad de fiscalización ambiental.