Un tribunal español rechazó el viernes extraditar a Venezuela al matrimonio formado por dos cercanos colaboradores del fallecido presidente Hugo Chávez alegando una posible vulneración de sus derechos en el país reclamante.

Venezuela solicitó a Claudia Patricia Díaz Guillén, exenfermera de Chávez y titular del FONDEN, el fondo encargado de invertir los ingresos por las exportaciones petroleras de Venezuela, así como a su marido, Andrés Velásquez Figueroa, argumentando que el matrimonio presuntamente se enriqueció ilícitamente y blanqueó capitales a través de empresas afincadas en Panamá.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya había adelantado a principios de este mes la decisión de rechazar la petición del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Pero el tribunal publicó el viernes la decisión completa con sus razonamientos jurídicos.

En ella, el órgano de apelación estimó los recursos presentados por Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, un empresario y militar que llegó a ser miembro del equipo de seguridad del exmandatario venezolano.

En una primera decisión a fines del año pasado la propia Audiencia Nacional había dado luz verde a la extradición al considerar las acusaciones por blanqueo de fondos “delitos ordinarios” y no advertir “motivación espuria en la reclamación”.

Pero la defensa del matrimonio alegó durante el proceso que ambos eran víctimas de una “persecución política” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Caracas también reclamaba la entrega de José Ramón Sánchez Rodríguez, ex contable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), cuya extradición fue rechazada desde el primer momento por el tribunal de la Audiencia Nacional.

Según la investigación venezolana, las empresas panameñas fueron creadas por el matrimonio con la ayuda de Mossack Fonseca, el bufete jurídico que ayudaba a poderosos y famosos de todo el mundo a esconder sus fortunas fiscales, según reveló la filtración de los conocidos “Papeles de Panamá”.

La pareja es también objeto de una investigación por parte de un juzgado de Madrid por la presunta compra de una propiedad en la capital española con fondos supuestamente desviados a través del entramado empresarial creado en Panamá.

Asimismo, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en enero a ambos en la lista de siete sospechosos por integrar “una trama significativa de corrupción” a través de la cual se habrían movido 2.400 millones de dólares de forma irregular con el sistema de cambio de divisas que funcionó durante años en Venezuela.