Le dicen el “juicio del siglo”: Una docena de secesionistas catalanes responden ante la corte suprema de España a cargos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en un proceso que puede arrojar luz sobre el sistema judicial español, determinar el futuro del movimiento independentista catalán y marcar la política española por años.

El proceso comenzó el martes y se espera dure al menos tres meses.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTO?

Las acusaciones derivan de un referendo realizado el 1ro de octubre del 2017 en el que se preguntó a los catalanes si querían independizarse de España. La consulta se llevó a cabo a pesar de que el Tribunal Constitucional la había declarado ilegal.

Legisladores catalanes independentistas tomaron la auto-declarada victoria en el referendo para proclamar de forma unilateral la independencia de la región 26 días después, pero no recibieron reconocimiento internacional. En cuestión de horas, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy disolvió el parlamento catalán, destituyó al presidente de la región y a su gabinete y dio a Madrid el control de Cataluña.

El presidente de Cataluña Carles Puigdemont escapó de España junto con otros políticos catalanes y reapareció en Bruselas el 31 de octubre. Puigdemont evitó ser extraditado tras su arresto en Alemania cuando un tribunal se pronunció en contra de devolverlo a España para que enfrente cargos de rebelión.

Otros nueve líderes separatistas que permanecieron en España y acataron un llamado a declarar fueron detenidos por considerarse de que podrían escaparse. Tres más están en libertad condicional y más de una docena permanecen investigados o serán juzgados por tribunales inferiores.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL CONFLICTO?

El juicio es producto de una crisis política que se remonta a un pronunciamiento previo de un tribunal español.

Cataluña es una de las regiones más ricas de España y tiene amplios poderes de autodeterminación. Pero el Tribunal Constitucional español anuló en el 2010 parte de un nuevo estatuto regional, incluido el preámbulo, que hablaba de una “nación” catalana. El fallo hizo que aumentase el apoyo a los separatistas.

En noviembre del 2015, legisladores catalanes separatistas aprobaron el inicio de un proceso de secesión y decidieron ignorar cualquier otra decisión adversa de los tribunales españoles. Desencadenaron la crisis política más grave en décadas menos de dos años después al aprobar dos leyes que despejaban el camino para la declaración de la independencia si era aprobada en un referendo que fue declarado ilegal por el gobierno central de España.

Poco menos de la mitad de los votantes en esta región de 7,5 millones de residentes apoya a partidos independentistas.

¿QUIÉNES ESTÁN SIENDO JUZGADOS Y POR QUÉ?

La lista de imputados incluye al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la ex presidenta del parlamento regional catalán Carme Forcadell.

A ellos se suman otros seis hombres y dos mujeres del gabinete regional catalán: Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borras, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundo y Santi Vila.

Junqueras podría ser condenado a 25 años de cárcel por rebelión. Cuixart, Sánchez y Forcadell enfrentan condenas de hasta 17 años. Algunos de los imputados están acusados solo de desobediencia civil. Los antiguos miembros del gabinete enfrentan asimismo posibles multas si son hallados culpables de malversar los fondos públicos usados en el referendo.

Rajoy será uno de los más de 500 testigos que declararán en el juicio.

¿POR QUÉ UN PARTIDO DE EXTREMA DERECHA ES PARTE DE LA FISCALÍA?

Uno de los temas que genera revuelo es el hecho de que una agrupación nueva de extrema derecha, Vox, sea parte del equipo acusador. Vox está personado en la causa como “acusación popular”, una peculiaridad del sistema judicial español que permite a individuos o entidades sumarse a casos penales incluso si no han sido afectados directamente por los imputados

Vox es uno de los tres integrantes de la acusación: Los otras dos son la Fiscalía, que representa el interés público, y la Abogacía del Estado, que representa al gobierno.

¿VIOLENCIA O PROTESTAS PACÍFICAS?

Uno de los aspectos centrales del juicio es si los separatistas apelaron o no a la violencia en sus esfuerzos secesionistas. Sin violencia, no hay rebelión.

Los abogados del estado y Vox sostienen que hubo violencia cuando los acusados alentaron supuestamente a los manifestantes a que destruyesen vehículos policiales e impidiesen que la policía saliese de un edificio gubernamental en Barcelona durante redadas previas al referendo. Aducen asimismo que varios policías resultaron heridos al enfrentar a votantes cuando trataban de confiscar urnas usadas en lo que para el gobierno central era un referendo ilegal.

Los abogados de los imputados dirán que los votantes fueron víctimas de la violencia policial, no los agresores.

La Abogacía del Estado, que representa los intereses del gobierno central, decidió no usar el cargo de rebelión cuando asumió un nuevo gobierno socialista que inició un diálogo con los partidos separatistas gobernantes de Cataluña.

Optaron por el cargo de sedición, menos grave, que no implica el uso de violencia y conlleva castigos más leves.

APELACIONES Y PERDONES

El juicio es público y será transmitido en vivo por televisión. Una vez finalizados los testimonios y las presentaciones de los abogados, pasarán varios meses más antes de que se emitan fallos y sentencias.

Los veredictos pueden ser apelados tanto por las acusaciones como por las defensas. Una vez agotado el proceso de apelación, la defensa puede llevar el caso al Tribunal Constitucional español e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El gobierno nacional, por otro lado, puede conceder indultos si el imputado se muestra arrepentido.

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Joseph Wilson informó desde Barcelona.

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