La compañía eléctrica estatal de México busca renegociar los generosos contratos de gas natural que tiene con empresas del sector privado, los cuales estipulan pagos incluso cuando no se está entregando el producto.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dijo el lunes que la compañía corre el riesgo de quebrar si no llega a nuevos términos con las empresas.

Dijo que desde 2015, la CFE ha pagado a las empresas del sector privado 62.000 millones de pesos (3.200 millones de dólares) en cumplimiento de contratos por gas para generar electricidad a través de gasoductos, aun cuando no se entrega gas. Varios proyectos han sido bloqueados por manifestantes comunitarios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su optimismo de que los contratos podrían revisarse voluntariamente, al tiempo que criticó el hecho de que tales contratos existan. Varias de las compañías involucradas tienen vínculos con exfuncionarios gubernamentales.

"Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares", dijo López Obrador.

El mandatario comparó esa inversión del sector privado a una “conquista”, en referencia a los conquistadores españoles.

"México ya no es tierra de conquista, eso se termina", dijo el presidente, añadiendo más tarde que las incursiones del sector privado en el área energética fueron facilitadas por influencias de particulares y negligencia oficial. "No hubo fronteras", declaró.

Bartlett mencionó tres compañías que según dijo recibían pagos de la CFE a pesar de que los ductos no operan. Una de esas empresas, IEnova, dijo en un comunicado que los contratos "fueron adjudicados bajo procesos de licitación pública internacionales abiertos y transparentes bajo estándares internacionales de la industria".

Esa empresa, filial de Sempra Energy, con sede en San Diego, California, dijo que uno de los ductos de IEnova que empezó a darle servicio a la CFE en mayo del 2017 dejó de funcionar en agosto del mismo año debido a "actos de sabotaje" que fueron reportados a las autoridades locales y federales.

IEnova también defendió a su presidente, Carlos Ruiz Sacristán, luego que Bartlett lo nombró como uno de varios exfuncionarios públicos que se beneficiaron de contratos privados con la CFE. Bartlett y López Obrador culpan a los gobiernos anteriores de dejar que la infraestructura de CFE quedara en el olvido y de contratar a otras empresas para que ofrecieran los mismos servicios.

Ruiz Sacristán fue secretario de Comunicaciones y Transporte durante seis años hasta el 2000, en el gobierno de Ernesto Zedillo.

Otra de las compañías, TransCanada, indicó en un comunicado que sus contratos fueron obtenidos a través de un proceso de licitación pública transparente y abierto.

“Como el completar nuestros proyectos es evidentemente de mutuo interés para la CFE y TransCanada, damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con el gobierno y con la CFE para hallar soluciones a los problemas que impiden completar estos proyectos”, se afirma en el texto.

La tercera empresa, Carso Energy de México, también defendió su contrato obtenido a través de una licitación pública. Dijo en un comunicado que dos ductos que construyó en Estados Unidos ya están operando, y que es sólo el ducto en el norte de México el que sufrió demoras por disputas con propietarios de tierras. Los retrasos están elevando los costos del proyecto, señaló.

En una entrevista con el canal de televisión Milenio, el expresidente Felipe Calderón defendió los contratos aseverando que son el estándar de la industria energética. "Si no, no podrían financiarse obras muy complicadas", aseveró.

Los contratos protegen a la empresa en caso de la oposición de la comunidad o en caso de que el cliente adopte decisiones como, por ejemplo, usar carbón en vez de gas natural.

Luis Téllez, que fue secretario de Energía durante el gobierno de Zedillo y de Comunicaciones y Transportes en el de Calderón, también emitió un comunicado después de que Bartlett cuestionó su labor en el sector energético, diciendo que cumplió con las leyes mexicanas que exigen que los servidores públicos no laboren en un sector que regularon mientras estuvieron en el gobierno por cuando menos un año tras dejar sus puestos en el sector público.

“Actualmente, tengo responsabilidades con empresas del sector, después de casi veinte años de haber sido Secretario de Energía”, afirmó, y añadió que siempre ha estado “consciente de la necesidad de evitar conflictos de interés”.