El nuevo enviado de Naciones Unidas para Colombia llamó el miércoles al gobierno a implementar a la brevedad un plan para proteger a líderes sociales, y señaló que tan solo en la primera semana de enero siete de ellos fueron asesinados.

Carlos Ruiz Massieu dijo al Consejo de Seguridad que también se han registrado 31 ataques desde que se publicó el último reporte del secretario general Antonio Guterres a principios de este mes.

Según las investigaciones de la fiscalía general colombiana, tres cuartas partes de los homicidios son resultado de ataques de “grupos armados y criminales” contra líderes de “juntas de acción local” y comunidades indígenas, y contra aquellos que participan activamente en la reclamación de tierras, así como voluntarios en los programas de sustitución de cosechas, comentó.

Ruiz Massieu exhortó al gobierno no solo a implementar rápidamente su plan para la protección de líderes, sino también a garantizar la presencia del Estado en las 10 zonas en las que han ocurrido los asesinatos.

Desde que el gobierno colombiano y el principal grupo rebelde del país, las FARC, firmaron un acuerdo de paz en 2016, un total de 87 miembros de las FARC también han sido asesinados, dijo el funcionario. Señaló que la situación subraya la necesidad de una seguridad efectiva en los nuevos asentamientos fuera de las zonas de capacitación y reintegración adonde se envió inicialmente a los excombatientes y donde “ocurrieron la mayoría de los asesinatos”.

“La seguridad de las comunidades, líderes y miembros de las FARC está ligada a la capacidad del Estado para establecer una seguridad integrada y presencia civil en las áreas afectadas por el conflicto”, destacó.

Lo que se requiere urgentemente, dijo Ruiz Massieu, es traducir en acción efectiva el plan de “Paz con Legalidad” del gobierno, que establece los pasos hacia la seguridad.

También exhortó a que se “siga cultivando” el consenso de los colombianos que rechazaron la violencia después del estallido de una bomba el pasado 17 de enero en la Academia de Policía General Santander, ataque en el que murieron 21 personas y docenas más resultaron heridas. El Ejército de Liberación Nacional, el grupo rebelde más grande que continúa en armas contra el gobierno, se atribuyó el atentado.

El canciller colombiano Carlos Holmes dijo al consejo que el Congreso del país discute proyectos relacionados con la implementación del plan de “Paz con Legalidad”. Señaló que se han aprobado 20 proyectos colectivos y 29 individuales, generando ingresos por 3,7 millones de dólares que beneficiarán a 1.340 excombatientes de las FARC.

Holmes dijo que el gobierno condena el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y exmiembros de las FARC.

Colombia está adoptando medidas para incrementar la protección, tanto con vistas a las elecciones locales y regionales del 27 de octubre en las que participará por primera vez el partido político de las FARC, como para brindar mayor seguridad y mejor acceso a los servicios públicos y productos a las comunidades más vulnerables y a las víctimas y a los excombatientes, declaró Holmes.

Señaló que el gobierno comparte la evaluación de Guterres de que la reducción de la violencia y la inseguridad “está necesariamente asociada a vencer en la lucha contra las economías ilegales especialmente la del narcotráfico”.