Daniel Briones tiene un título en economía y trabaja en un banco, pero su futuro está envuelto en la incertidumbre.

Con 30 años de edad y residente de San Marcos, Texas, Briones es beneficiario del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado para los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños pero que no tienen estatus legal.

El plan más reciente del presidente Donald Trump para reabrir el gobierno federal extendería las protecciones del programa por tres años más, pero la idea tiene pocas posibilidades de ser aprobada y nadie sabe cuál será el siguiente paso.

Los llamados “dreamers”, beneficiarios del programa implementado durante el gobierno del presidente Barack Obama, conocido como DACA, han pasado casi cinco años lidiando con las constantes amenazas a ese sistema, el cual cambió sus vidas al permitirles trabajar legalmente y protegerles de la deportación. El programa ha sido impugnado en tribunales y el Congreso. Y luego Trump anunció en 2017 que le pondría fin, aunque las cortes federales obstaculizaron ese plan.

El destino de unos 700.000 “dreamers” está en el aire, y muchos de ellos dicen estarse hartando de ser peones en el ajedrez político en materia migratoria.

“Creo que ellos realmente no entienden cómo nos sentimos, ni la incertidumbre. Quieren jugar al forcejeo político y utilizarnos como moneda de cambio. Pero, al mismo tiempo, no sienten lo que sentimos nosotros”, comentó Briones.

“Para nosotros es realmente difícil despertar cada día para ir al trabajo sin siquiera saber lo que sucederá en el futuro”, añadió.

Trump propone extender el programa tres años más, pero únicamente para quienes ya están suscritos y con cambios drásticos que los activistas consideran no negociables. Los demócratas también desecharon la oferta.

Una propuesta republicana presentada el fin de semana en el Senado requeriría que los beneficiarios realizaran nuevamente su solicitud de inscripción, pero ahora al doble de precio. Los solicitantes tendrían que demostrar que ganan al menos 125% sobre el nivel de pobreza en Estados Unidos y pagar los créditos fiscales que obtuvieron legalmente mientras trabajaban. El proyecto también restringiría drásticamente los estatus de asilo y de protección temporal.

“El ‘pacto’ que propuso Trump el fin de semana no es ningún acuerdo. Trump creó una crisis horrenda, y esta propuesta es la nota de Stephen Miller para exigir el pago de un rescate”, dijo Sanaa Abrar, director de activismo del grupo United We Dream, en referencia a un alto asesor de Trump.

Para Maxima Guerrero, activista de Phoenix que ha sido beneficiaria del DACA desde 2013, las impugnaciones legales, la política y el eterno debate en torno al programa la han afectado a nivel emocional.

“No solo existo para escuchar noticias sobre el DACA”, afirmó.

Reyna Montoya, otra beneficiaria del área de Phoenix, dijo que es difícil tomar decisiones cuando el futuro del programa está en duda. Montoya es fundadora de Aliento, un grupo activista de Arizona que ayuda a jóvenes inmigrantes.

“¿Tan siquiera puedo hacer planes a futuro? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Debería casarme? ¿Debería tener hijos? Este es el país que amo”, dijo Montoya, de 28 años.

Gaby Cruz, una organizadora comunitaria de 29 años para United We Dream en California, también siente una continua incertidumbre. Llegó a Estados Unidos con apenas un año de edad.

“Es solo una necesidad constante y abrumadora de saber qué está pasando y la sensación de incertidumbre que tengo”, comentó.

Cruz, banquera convertida en activista, estaba en su escritorio en una compañía hipotecaria privada en 2017 cuando Trump anunció el fin del programa. Pronto renunció a su empleo y se enroló en United We Dream.

El acuerdo que propusieron los republicanos no es ninguna ganga, declaró, no solo por la manera en que modifica al DACA sino por cómo afectaría a otros inmigrantes, como aquellos que cuentan con estatus de protección temporal o los solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica.

“Siento que nuestra comunidad ha estado bajo un ataque constante de este gobierno desde 2017”, dijo Cruz. “Es difícil no estar al pendiente cuando afecta tu vida diaria”.