El gobierno de México instaló el martes la Comisión para la verdad y el acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en 2014, con el compromiso de esclarecer el paradero de los jóvenes y castigar a los responsables de unos ataques que conmocionaron nacional e internacionalmente.

Pero aunque los padres se mostraron esperanzados ante la puesta en marcha de esta nueva herramienta exigieron compromisos, resultados y que los expertos internacionales que ya investigaron el caso regresen a México cuanto antes.

“Queremos la verdad”, sentenció uno de los padres, Emiliano Navarrete. “Hay una verdad positiva o negativa pero la hay”, añadió. “Les pedimos de todo corazón esa seriedad y resultados”.

La desaparición de los 43 estudiantes tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, una localidad del sureño estado de Guerrero, donde los jóvenes fueron atacados por policías supuestamente coludidos con miembros del crimen organizado. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto siempre afirmó que los alumnos fueron quemados en un basurero pero las investigaciones de los expertos internacionales refutaron contundentemente esta teoría y denunciaron numerosas irregularidades por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno.

La apertura de la comisión, que cuenta con representantes de las secretarías de Gobernación, Exteriores y Hacienda, de las familias y de las organizaciones sociales y tiene como testigos a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene como objetivo coadyuvar en las investigaciones con el ministerio público y crear todas las condiciones “materiales, jurídicas y humanas” para saber la verdad y hacer justicia, dijo el subsecretario Alejandro Encinas, quien la presidirá.

Sesionará, al menos, una vez al mes, comenzando el 23 de enero e informará de sus avances semestralmente. Pero el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es “entregar resultados en un plazo razonable” y dar pasos en la aplicación de la justicia y en el castigo a los culpables “sin importar quien haya sido ni qué cargo ocupara”, aseguró la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

El nuevo organismo no tiene asignado presupuesto todavía, pero Encinas asegura que lo tendrá pronto y será suficiente para que funcione con agilidad. La comisión ha suscitado grandes esperanzas entre los familiares de los desaparecidos que, por primera vez, se sienten escuchados tras cuatro años de un gobierno “inhumano” que solo “obstaculizó” la investigación, dijo Navarrete.

Eso no significa que vayan a dar a las autoridades un cheque en blanco.

“La confianza se irá construyendo conforme avancen las investigaciones”, subrayó una de las mamás, Cristina Bautista, quien formará parte de la comisión, y pidió que los expertos internacionales regresen a México lo más pronto posible para reanudar su trabajo, algo que se concretará previsiblemente en las próximas semanas.

Según Santiago Aguirre, abogado de las víctimas, habrá esquemas novedosos de trabajo y se buscará aclarar cómo funciona el crimen organizado en la región, en investigar el tráfico de droga en autobuses hacia Estados Unidos, en labores forenses con tecnología de punta y en esclarecer el paradero de todos los estudiantes.

“La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa”, dijo Encinas. Y eso es lo que esta comisión aspira a cambiar.