Un juez federal en Nueva York falló el martes que el gobierno del presidente Donald Trump no podrá agregar al formulario del censo de 2020 una pregunta sobre la nacionalidad de las personas: la primera sentencia importante en una serie de casos cuyos promotores argumentan que los republicanos forzaron la inclusión de la pregunta por razones políticas para contar intencionalmente a menos inmigrantes.

En su decisión de 277 fojas, que no será la última palabra sobre el asunto, el juez federal Jesse Furman alegó que si bien la pregunta sería constitucional, el secretario de Comercio Wilbur Ross había procedido de manera arbitraria para agregarla al censo de Estados Unidos y que no había seguido el proceso administrativo adecuado.

"Él no consideró varios aspectos importantes del problema; también ignoró, escogió o malinterpretó gravemente las evidencias existentes que él conoce; actuó de manera irracional tanto en vista de esas evidencias como del juicio que dijo haber usado para tomar decisiones; y no justificó los cambios de las prácticas y políticas previas", escribió Furman.

La explicación de Ross sobre su decisión "no estaba respaldada, o incluso era contraria, a las evidencias que se presentaron ante la agencia", dijo el juez.

Entre otras cosas, agregó el juez, Ross no cumplió con la ley que requiere que él notifique al Congreso con tres años de antelación sobre cualquier plan para añadir una pregunta sobre ciudadanía al censo.

El fallo ocurrió en casos en los que varias entidades _18 estados, el Distrito de Columbia, y 15 ciudades grandes o condados, y organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes_ argumentaron que el Departamento de Comercio, que elabora el censo, no había analizado adecuadamente los efectos que habría tenido la pregunta en hogares donde viven inmigrantes.

Un juicio aparte sobre el mismo tema, presentado por el estado de California, está en marcha en San Francisco. La Corte Suprema de Estados Unidos también está lista para abordar el asunto el 19 de febrero, lo que significa que el tema legal dista de haberse acabado.

"Estamos decepcionados y seguimos analizando el fallo", dijo la portavoz del departamento de Justicia, Kelly Laco, en un comunicado.

En el caso de Nueva York, los demandantes acusaron al gobierno del presidente republicano de agregar la pregunta para desalentar intencionalmente la participación de los inmigrantes, lo que podría conllevar a que no se cuenten a muchas personas _y posiblemente menos puestos en el Congreso_ en lugares donde la gente tiende a votar por demócratas.

Incluso gente que vive en el país legalmente, dijeron, podría no contestar la pregunta por miedo a sufrir represalias de un gobierno hostil.

El departamento de Justicia argumentó que ese no era el motivo de Ross.

La decisión de Ross de restablecer la interrogante al formulario por primera vez desde 1950 es razonable porque el gobierno ha hecho esa pregunta durante la mayoría de los últimos 200 años, dijo Laco.

Cuando Ross anunció el plan en marzo, dijo que la pregunta era necesaria en parte para ayudar al gobierno a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votantes, de 1965, que tiene la intención de proteger la representación política de grupos de minoría étnica.

Se supone que el censo, ordenado por la constitución, debe de contar a todas las personas que viven en Estados Unidos, entre ellas quienes no tengan la ciudadanía, como los inmigrantes que viven en el país de manera ilegal.

La Oficina del Censo ha calculado que la pregunta sobre nacionalidad en el formulario podría reducir en hasta el 5,8% las respuestas en hogares donde vive al menos una persona no ciudadana. Eso podría afectar especialmente a estados como Nueva York o California, que tienen grandes poblaciones de inmigrantes.

Abogados del departamento de Justicia argumentaron que ese cálculo era exagerado y que, aunque cuando esto fuera cierto, eso no significa que Ross abusó de su autoridad legal al agregar la pregunta.