Puerto Rico dio el miércoles otro paso hacia la reestructuración de una deuda superior a los 17.000 millones de dólares en bonos de impuestos sobre ventas emitidos por la isla, que representan casi la tercera parte de la deuda general en bonos del territorio estadounidense.

El organismo federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico informó que los tenedores de bonos aprobaron el plan después de una votación en la que participaron más de 8.000 de ellos, según los resultados no auditados de la votación. El anuncio se da a conocer en momentos en los que el territorio estadounidense intenta reestructurar una porción de su deuda pública que supera los 70.000 millones de dólares mientras lidia con una recesión desde hace 12 años y con los estragos tras el paso del huracán María.

Una jueza federal que supervisa el proceso de la isla, similar al de una bancarrota, tiene programada una audiencia sobre el plan de reestructuración a partir del 16 de enero. De aprobarse, el acuerdo representará 40 años de pagos para el gobierno puertorriqueño. Los tenedores de bonos senior, que poseen casi 8.000 millones, serán los primeros en cobrar, recibiendo el 93% del valor de los bonos originales. Los tenedores junior, muchos de los cuales son inversionistas puertorriqueños individuales y que poseen casi 10.000 millones de dólares, serán los últimos en cobrar y solo recuperarán el 54% de su inversión.

La directora del organismo, Natalie Jaresko, dijo en un comunicado que el plan de reestructuración es clave para la recuperación de Puerto Rico, pero algunos economistas afirman que el pacto podría terminar costando más a largo plazo y que la capacidad de la isla para pagarlos podría reducirse en el futuro.

Más de 26.000 personas han firmado una petición en la que piden a la jueza Laura Taylor Swain que rechace el plan, ya que les preocupa que haya más recortes para los jubilados y empleados, reducciones en los servicios básicos e incrementos en el costo de vida en caso de que el gobierno de Puerto Rico no pueda realizar los pagos. Los detractores señalan que el gobierno redujo recientemente el impuesto sobre la venta para los alimentos preparados de 11,5% a 7%, y que la inyección de miles de millones de dólares en fondos federales para la recuperación del huracán solo representarán un impulso económico temporal.

“Aprobar este acuerdo es el camino para más endeudamiento irresponsable y llevará al gobierno a un nuevo impago”, señala la petición.

El gobierno de Puerto Rico completó en noviembre su primer acuerdo de restructuración de deuda desde que anunció que estaba en bancarrota hace más de tres años. El pacto se concretó con acreedores que poseían más de 4.000 millones de dólares en deuda emitida por el ahora difunto Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, que emitía préstamos y supervisaba las transacciones de deuda de la isla pero que dejó de operar en marzo pasado debido a la recesión.