El gobierno anunció el lunes de manera unilateral el retiro de Guatemala de una comisión anticorrupción de la ONU tras más de un año de tensiones, luego que ese grupo empezó a investigar al presidente Jimmy Morales y su familia.

La canciller Sandra Erica Jovel informó en las Naciones Unidas el retiro de su país del acuerdo de creación y operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo el argumento de que se ha extralimitado en sus funciones, politizó sus acciones en el país y que es un riesgo para la seguridad y gobernabilidad de la nación centroamericana.

Poco después, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó los reclamos contra el grupo, y dijo que conforme a un acuerdo previo el mandato de la CICIG termina en septiembre próximo, por lo que espera que las autoridades guatemaltecas cumplan sus compromisos internacionales y reguarden la seguridad de su personal nacional e internacional.

En la capital guatemalteca, Morales acusó a Guterres de haber sido pasivo para resolver las diferencias que mantiene con la CICIG.

“A pesar de los esfuerzos de Guatemala ante las Naciones Unidas, el silencio, pasividad y negativa del secretario contribuyó a una incertidumbre del actuar de la CICIG que puso en riesgo la soberanía del país”, dijo Morales, quien estuvo acompañado de sus ministros, secretarios y de familiares de algunos de los acusados de corrupción por la comisión y la fiscalía.

Entre las personas que lo acompañaron estaba una familia rusa que fue investigada, acusada y condenada por los tribunales por la compra y uso de documentos falsos para abrir empresas y adquirir propiedades en el país, en un caso en el que participó la CICIG.

“Gracias señor presidente por la lucha de la soberanía y los derechos humanos”, dijo la rusa Irina Bitkova, una de las personas que dice haber sido afectada por el trabajo de la comisión.

Desde la ONU, la canciller dijo que el fin del acuerdo se aplicará en 24 horas y que la decisión implica la salida del país del personal de la CICIG, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad, el órgano de justicia más importante de Guatemala, emitió una resolución para protegerlos.

Jovel dijo que notificó personalmente a Guterres lo acordado por Guatemala y confió en que respetará la que llamó una decisión “soberana” de su país.

La canciller adujo que la comisión se ha extralimitado en sus actividades, las cuales están amparadas bajo el mandato suscrito por el propio Morales, que faculta a la comisión a investigar, procesar, y denunciar con el acompañamiento de la fiscalía a los aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco que cometen delitos.

El gobierno de Guatemala y la CICIG han mantenido roces desde que la comisión, apoyada por la fiscalía guatemalteca, iniciara investigaciones en 2017 contra familiares de Morales por corrupción. Poco después comenzó una indagatoria sobre el mismo mandatario.

La CICIG ha solicitado el retiro de la inmunidad del presidente por el presunto delito de financiamiento electoral anónimo e ilícito de parte de empresarios para que pudiera alcanzar el poder. El grupo lleva más de una década de operar en Guatemala, donde ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas.

Algunos abogados aseguran que la CC puede revertir la decisión de Morales, aunque hasta ahora no se ha pronunciado.

Gabriel Orellana, constitucionalista y excanciller guatemalteco, dijo a The Associated Press que la CC puede pronunciarse una vez que algún abogado presente un recurso.

Por su parte, Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, dijo en una declaración que la llegada de Morales al poder ha provocado que el país retroceda décadas.

"Morales tuvo una oportunidad histórica para dar a los guatemaltecos el gobierno transparente y efectivo que merecen”, afirmó. “En cambio, cuando se enfrentó con la perspectiva de una investigación criminal por parte de la CICIG y el ministerio público, decidió destruir el estado de derecho para protegerse a sí mismo”, y agregó que el presidente ha socavado el sistema de justicia de Guatemala.

Álvaro Montenegro, del colectivo Justicia Ya, dijo que la decisión de Morales se debe a “su desesperación por frenar los casos contra sus familias y contra personas muy poderosas en el país; está finalizando de manera ilegal el acuerdo”.

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La periodista de The Associated Press Jennifer Peltz contribuyó con esta nota desde las Naciones Unidas.