La cancillería guatemalteca anunció el martes el retiro de inmunidad diplomática a 11 trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que han investigado casos graves de corrupción en el país.

Este es el último capítulo de un diferendo entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la CICIG, un órgano de Naciones Unidas que investiga corrupción y aparatos clandestinos de seguridad en el Estado guatemalteco. El mandatario ha sido señalado por la comisión por delitos electorales y tanto su hijo como su hermano actualmente están siendo juzgados por acusaciones de corrupción.

Entre las personas afectadas por la decisión están los abogados Cesar Rincón y Luis Fernando Orozco, quienes participaron en investigaciones y acusaciones contra el expresidente Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo junto a su ex vicepresidenta y su gabinete acusados de corrupción en 2015 por una millonaria defraudación aduanera.

En el Diario de Centroamérica, publicación oficial de Guatemala, la cancillería desplegó un anuncio en el que precisaba que las acreditaciones de los 11 trabajadores quedaban “sin efecto” y les solicitaba la devolución de los carnés de identificación que les fueron otorgados como expertos de la comisión, así como a sus familiares. La cancillería acotó que “desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades” que les da sus cargos.

Por su parte, Marta Larra, vocera de la cancillería guatemalteca dijo en un mensaje de texto a The Associated Press que “cada uno de los funcionarios de la CICIG se convierte en un extranjero más en el terreno nacional, lo que significa que deben sujetarse a las leyes y normas del país”.

Iván Velásquez, titular de comisión dijo en un comunicado que “La decisión del ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala de revocar y no renovar visas a funcionarios de la Comisión, carece de fundamento legal, y por lo tanto, es arbitraria”.

El abogado colombiano explicó que la única razón que el gobierno dio para retirar las visas de los funcionarios es señalarlos de terroristas, con investigaciones pendientes en sus países de origen.

“Es absolutamente falsa como se demostró oportunamente con los certificados de carencia de antecedentes penales que fueron aportados a la Cancillería. Si el Gobierno de Guatemala posee una información veraz diferente, sería conveniente que la diera a conocer públicamente”, señaló Velásquez.

Tras el anuncio de cancillería, personal de la Dirección de Migración acudió a la sede de la comisión, donde pegó en la puerta una notificación en la que informaba que los funcionarios tienen 72 horas para abandonar el país. Sin embargo, el personal de la comisión está de vacaciones.

Matías Ponce, portavoz de CICIG, dijo a través de un comunicado que los funcionarios internacionales involucrados revisan casos de alto impacto en Guatemala y agregó que “la medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS (como se conoce a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios”.

Ponce aseguró que los trabajadores de la comisión tienen inmunidades derivadas del acuerdo de creación de CICIG. “Las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión, no de la acreditación ni de las visa de cortesía. Según el acuerdo de creación de CICIG, es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales”.

Este sería el último episodio de una serie de acciones que el gobierno de Morales ha emprendido contra la comisión, a la que acusa de violar la presunción de inocencia de quienes investiga. Las acciones del mandatario iniciaron en agosto de 2017, cuando la CICIG y la Fiscalía General lo acusaron de recibir financiamiento electoral ilegal para lograr la presidencia en 2015. Morales entonces arremetió declarando non grato al comisionado Iván Velásquez, que dirige la institución.

Aunque Morales ha negado los cargos, nunca fue juzgado, pues fue protegido por los actuales diputados al Congreso que evitaron que fuera desaforado.

Cientos de personas mostraron su rechazo a la decisión de la cancillería y la criticaron en redes sociales.

Juan Francisco Sandoval, fiscal contra la impunidad, que trabaja en conjunto con la comisión dijo en un comunicado de prensa que “el Ministerio Público, gracias al respaldo de CICIG, ha descubierto cuáles son las raíces de la distorsión democrática (en Guatemala).

“Me quitan las herramientas, pero mi corazón y mi razón siguen firmes en pos de mis ideales, la justicia no se negocia, gracias CICIG”, añadió.

Acción Ciudadana, el capítulo para Guatemala de Transparencia Internacional, solicitó a la Corte de Constitucionalidad que analice la destitución y una investigación penal contra Sandra Jovel, Ministra de Relaciones Exteriores, por violentar una decisión constitucional que ordena al gobierno guatemalteco discutir directamente con la ONU sus diferencias en torno a la comisión.

La CICIG, que lleva 11 años en Guatemala, ha desbaratado más de 60 organizaciones del crimen organizado y enviado a prisión a más de 600 personas acusadas de crímenes.