Nicaragua retiró el miércoles el reconocimiento legal a algunas organizaciones no gubernamentales que ha señalado por participar en lo que el gobierno del presidente Daniel Ortega considera un “golpe de Estado” en su contra.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue el órgano que canceló las personerías jurídicas a cuatro ONG. Y así, diputados del FSLN que suman 70 de los 92 votos del Parlamento revocaron la licencia de trabajo al Centro de Investigaciones de la Salud, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista votaron en contra de la decisión aduciendo que no tiene asidero jurídico y que más bien agrava la crisis.

El argumento de los oficialistas es que las ONG han servido para promover y financiar un supuesto golpe de Estado, que es como el gobierno califica las protestas sociales que iniciaron en abril por una reforma al seguro social y que fueron reprimidas dejando un saldo de más de 320 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“El Ieepp recibió financiamiento de más de medio millón de dólares de parte de Estados Unidos para sembrar terror en nuestro país con tranques (bloqueos viales) y crear caos”, dijo el líder de la bancada oficial, Edwin Castro, al hablar de la cancelación de licencia para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, cuyo director es el activista Félix Maradiaga, acusado de terrorismo por el sistema penal nicaragüense.

El director de Hagamos Democracia, Luciano García, quien se encuentra en el exilio y también ha sido señalado por terrorismo, dijo que la decisión del Parlamento “es una venganza por promover la democracia y la igualdad entre los nicaragüenses”.

Por su parte, Vilma Núñez, una veterana defensora de Derechos Humamos que preside el Cenidh, dijo que el gobierno busca silenciar las voces que denuncian atropellos. “Quieren callarnos, pero no lo van a lograr. Habrá Cenidh para rato”. Agregó que no se cumplió con el proceso administrativo que establece la ley que rige las ONG en Nicaragua, que otorga el derecho a la defensa. Lo mismo han denunciado Cisas, el Ieepp y Hademos.

La CIDH, por medio de su cuenta en Twitter, mostró preocupación por lo ocurrido. “La libertad de asociación es herramienta esencial para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática”.

El analista político Oscar René Vargas, afirmó que la cancelación de las licencias a las ONG, es la respuesta del gobierno nicaragüense a las sanciones aprobadas por el Senado, el Congreso y el Ejecutivo estadounidense en contra de funcionarios de éste país, entre ellos, la primera dama y vocera del gobierno Rosario Murillo.

“Su objetivo es callar a los defensores de los derechos humanos, a las ONG, los medios de comunicación no gubernamentales y periodistas defensores de la verdadera real sociopolítica”, dijo Vargas a la AP.

Los grandes empresarios de Nicaragua emitieron el martes un comunicado en el que le piden al presidente Ortega encontrar una salida a la crisis del país para evitar que la situación económica que ha dejado sin empleo a más de 200 mil personas empeore. Pidieron también reanudar el diálogo y que la salida sea electoral por medio de comicios adelantados y transparentes.

“Si no hay una respuesta positiva a nuestra solicitud, pues la situación será muy complicada para todos nosotros, para todos los nicaragüenses”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, al leer el comunicado.