La Iglesia católica chilena se sumió en 2018 en la mayor crisis de su historia luego de que el papa Francisco la acusó de practicar una cultura de abuso y encubrimiento que se tradujo en una pérdida de la confianza de los fieles y en menos feligreses en las misas.

El escándalo no tiene visos de amainar en 2019. El Vaticano envió recientemente a dos investigadores para constatar las denuncias de exreligiosas de las Hermanas del Buen Samaritano que en junio revelaron que fueron abusadas sexualmente y luego expulsadas por denunciarlos.

Carol Crisosto, laica de la diócesis de Concepción, en el sur de Chile, indicó a The Associated Press que la crisis en la Iglesia chilena “es lo mejor que puede pasar hasta tocar fondo y así emerger en una Iglesia centrada en Cristo... como las primeras comunidades cristianas”.

En tanto, los obispos chilenos que renunciaron masivamente en mayo luego de un devastador diagnóstico sobre su actuación ante los abusos que hizo el pontífice, siguen a la espera de ser confirmados o removidos. Hasta ahora el papa aceptó la dimisión de siete de los 31 prelados activos.

Francisco sostuvo que la Iglesia chilena vivió durante décadas una cultura del abuso y su encubrimiento, que se destruyeron documentos comprometedores, que no se dio apoyo a las víctimas y que los religiosos expulsados por conducta inmoral fueron destinados a cargos diocesanos o parroquiales.

Hay un error de diagnóstico en la Iglesia chilena: su jerarquía cree que el problema son “algunas manzanas podridas” y las comunidades opinan que “es el cajón completo el podrido”, dijo a AP Juan Carlos Claret, miembro de la Red Nacional de Laicos.

El remezón que produjeron las acusaciones de Francisco se tradujeron en cifras rojas para la Iglesia en varias encuestas y en las estadísticas de la Fiscalía Nacional, que informó que hasta octubre se tramitaban 124 causas con 178 investigados -incluidos ocho obispos, 105 sacerdotes y 29 religiosos no ordenados- y 222 víctimas, de las cuales 91 eran menores de edad al ser abusadas.

Según el último censo de 2012, unos 11,7 millones de los 17,5 millones de chilenos se declaró católico.

Sin embargo, la encuesta Bicentenario 2018, elaborada por la Universidad Católica y la encuestadora GFK Adimark, difundida en noviembre, reveló el impacto en los escándalos de los abusos entre los fieles: los católicos disminuyeron de 70% en 2006 a 58% en 2018, en favor de los ateos y los evangélicos.

Los investigadores entrevistaron personalmente a 2.011 personas en todo el país entre el 13 de julio y el 22 de agosto, con un margen de error de 2,19 puntos porcentuales, según su ficha técnica.

Las respuestas de los 1.186 católicos de la muestra permitieron establecer que su nivel de confianza en la Iglesia cayó de 44% en 2011 a 15% en 2018 y que la asistencia a misa u otros ritos declinó de 16% en 2010 a 8% en 2018.

“La gente se seguirá alejando de una Iglesia que sólo ofrece ritos y no es capaz de estar ni acompañar a quienes sufren”, dijo a AP Felipe Navarrete, profesor de historia y geografía de la localidad sureña de Osorno.

El doctor Jaime Concha, vocero de los estudiantes abusados por los religiosos maristas, señaló que entre los católicos chilenos están los que “mantienen una confianza ciega en ella (la Iglesia) y, en el fondo, avalan la cultura de abuso y encubrimiento” y quienes por su creencia y compromiso “están por sobre esta crisis” dispuestos a dar pasos “para cambiar la Iglesia por dentro”.

El declive de la Iglesia católica chilena comenzó en 2010 cuando tres hombres detallaron en un reportaje de televisión los abusos sexuales y violaciones a los que fueron sometidos en su adolescencia por el sacerdote Fernando Karadima, condenado por el Vaticano a una vida de penitencia y oración en 2011 y expulsado por Francisco en septiembre.

Karadima formó a cerca de medio centenar de curas y cinco obispos, incluido Juan Barros a quien Francisco se empeñó en designar en la diócesis de Osorno a pesar de que las víctimas lo acusaron de encubrir los abusos de Karadima y a los testimonios que recibió de otros obispos. La de Barros estuvo entre las primeras renuncias aceptadas por el papa en junio.

Barros fue el responsable de la deslucida visita de Francisco a Chile en enero al empeñarse en aparecer al lado del papa. Francisco lo defendió afirmando que no había pruebas en su contra y hasta llegó a calificar a los acusadores de calumniadores.

La lluvia de críticas locales y del extranjero que recibió el papa lo impulsaron a enviar en febrero a Chile a un par de investigadores que le entregaron un informe de 2.300 páginas en el que desnudaron la realidad de la Iglesia católica chilena, varios de cuyos obispos han intentado ocultar antecedentes a los fiscales que investigan los abusos.

Claret indicó que, “si los obispos se definen como los sucesores de los apóstoles, me he dado cuenta de que los obispos chilenos son los sucesores del apóstol Judas”.

Varios purpurados se negaron a entregar a la justicia las carpetas con información que conservan en las diócesis, lo que obligó al fiscal Emiliano Arias a pedir una orden de allanamiento a un juez para confiscar los informes. Su acción fue imitada por otros fiscales.

El obispado de Valparaíso ocultó esos documentos en un sótano, afirmó el fiscal Sergio Pérez. “Encontré una serie de documentos bajo una manta, correspondiente a expedientes y otros documentos relevantes para la investigación”, afirmó.

Otro obispo acusado de encubrir abusos, algo que ha negado, es el presidente de la Conferencia Episcopal Santiago Silva, quien fue reafirmado en su cargo por sus colegas para que asista en febrero a la reunión mundial convocada por Francisco para tratar la protección de los menores en la Iglesia.

AP intentó obtener un comentario de la Conferencia Episcopal pero no hubo nadie disponible para atender la consulta.

“La Iglesia católica logrará recuperarse del escándalo sólo cuando se acaben los pactos de silencio y se sepa toda la verdad frente a los abusos y encubrimientos”, concluyó Navarrete.