Una corte de Tokio decretó el martes que el expresidente de Nissan Motor Co. Carlos Ghosn y otro ejecutivo de la automotriz sigan detenidos hasta el 20 de diciembre, más de un mes después de su arresto. Según el sistema legal japonés, su detención podría prolongarse meses.

El abogado de Ghosn presentó una protesta ante el tribunal por la prolongada detención, dijo la Corte de Distrito de Tokio.

La decisión judicial se produce un día después de que Ghosn, el también directiva de Nissan Greg Kelly, y Nissan Motor fueron acusados de violar las leyes financieras al no reportar un pago a Ghosn de alrededor de 5.000 millones de yenes (44 millones de dólares) entre 2011 y 2015. Desde su arresto el pasado 19 de noviembre, ambos ejecutivos están en un centro de detención en Tokio.

La ampliación de su detención busca ganar tiempo para investigar las denuncias adicionales presentadas el lunes por la fiscalía contra Ghosn y Kelly por supuestamente no informar de otro pago de 4.000 millones de yenes (36 millones de dólares) entre 2016 y 2018.

La detención del hombre al que se le atribuye la salvación de Nissan cuando estaba al borde de la bancarrota hace dos décadas sorprendió a muchos y generó dudas en torno a la automotriz nipona y al futuro de su alianza con la francesa Renault SA.

Por el momento no se ha fijado una fecha para el juicio, como es habitual en Japón. La fiscalía puede añadir más denuncias para ampliar la detención y no está claro cuándo podrían quedar libres Ghosn y Kelly. La fiscalía alega que hay riesgo de fuga en ambos casos.

El equipo legal de Ghosn no emitió un comunicado oficial, pero personas cercanas a él dijeron que asegura que es inocente. La oficina de Motonari Ohtsuru, uno de sus letrados, declinó realizar comentarios alegando que no se encontraba en su despacho.

El abogado estadounidense de Kelly, Aubrey Harwell, apuntó que su cliente insistió en su inocencia y en que expertos de la automotriz y externos le dijeron que su informe financiero correcto.

En Japón, la pena máxima por violar las leyes financieras es de 10 años de prisión, una multa de 10 millones de yenes (89.000 dólares) o ambas. La tasa de condena del país es de más del 99%.

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