Rosa temblaba ligeramente, sentada en el cuarto piso de un juzgado de Denver. Lucía una sudadera negra con la palabra AMERICA. Esperaba un traductor para su madre.

Otros jóvenes estaban allí por peleas o por destrozos. Pero Rosa, de 17 años, se metió en problemas porque estaba en la calle más allá de la hora permitida en Denver.

La policía la detuvo una noche de verano en el Barnum Park, donde comía una hamburguesa McDonald’s con amigas después de salir del trabajo. Los agentes la trasladaron en una camioneta blanca a un edificio del centro, donde ella esperaba que despertasen a su madre.

“Fue bien molesto”, dijo Rosa posteriormente. “Bien me podrían haber mandado a casa”.

Rosa es una de cientos de jóvenes que fueron pillados violando una ordenanza de Denver según la cual los jóvenes no pueden estar en la calle pasada cierta hora. Es hispana, como el 67% de los menores que tuvieron que comparecer ante un juez este año debido a esa ordenanza, según un análisis del Denver Post. Los hispanos constituyen el 30% de la población de Denver y el 41% de la población de 15 a 17 años, de acuerdo con un análisis que hizo Statistical Atlas de información de la oficina del censo.

Muchos imputados pueden evitar consecuencias legales completando un programa que puede durar meses. Para otros, las consecuencias incluyen multas o incluso antecedentes policiales, a pesar de que hay crecientes cuestionamientos del beneficio de esta política. En Austin, Texas, se dejó sin efecto la prohibición de que los menores estén en la calle después de cierta hora en medio de denuncias de discriminación.

“Estos episodios pueden representar el ingreso al sistema de justicia juvenil, que puede tener graves consecuencias para los jóvenes”, manifestó Nick Mitchell, que monitorea el desempeño de la policía, en una respuesta a los hallazgos del Post. “Esta información genera inquietud en torno a dónde y cómo se hace cumplir esta ordenanza”.

El concejal Paul López también pide cambios.

“Es una trampa, no está bien”, dijo López en una reciente reunión.

Archivos públicos revelan que el programa se he enfocado cada vez más en barrios hispanos en los últimos años, con particular énfasis en el Cinco de Mayo y otras festividades, mientras que en otras áreas no hay tanto celo.

“Estos números me dejan perplejo”, dijo López. “Hacen pensar que ser un chico mexicano que vive en Denver es un delito”.

Rosa asegura que, poco antes de la medianoche se reunió con unas amigas después de salir de su trabajo en Wendy’s y se fueron a comprar alguna comida en McDonald’s. Luego fueron al Barnum Park a comer.

Porque son menores, el Denver Post no usa los nombres completos de los imputados. No fue posible corroborar sus relatos porque el público no tiene acceso a los documentos legales de los menores.

Las autoridades municipales dicen que la ordenanza es en beneficio de los chicos. Como reza el dicho, “después de las 11 de la noche no le pasa nada bueno a los menores”. Aseguran que pueden identificar a jóvenes que necesitan ayuda para lidiar con ciertas cosas.

“Básicamente, tratamos de identificar las razones subyacentes”, dijo Tiffany Vu, directora de los programas juveniles del departamento de seguridad pública de Denver. “A veces te dicen, ‘quiero divertirme’ y otras te dicen ‘no quiero estar en casa porque mi madre es abusiva y mi padre un alcohólico’”.

Los días de semana no puede haber menores en la calle a partir de las 11 de la noche y los fines de semana a partir de las 12. Otras ciudades vecinas tienen programas parecidos.

Los infractores a veces son registrados en programas que incluyen mentores, servicios a la comunidad, vigilancia de los progresos académicos y otras medidas durante hasta seis meses.

Los magistrados les advierten a los jóvenes que si se declaran culpables, eso puede perjudicarlos en trámites inmigratorios y que, a veces, las infracciones pueden dejar antecedentes policiales como adultos y hasta órdenes de arresto.

“Es exactamente el tipo de políticas que debemos analizar a fondo si nos preocupa la discriminación racial de parte de la policía y mejorar las relaciones entre las comunidades de color y la policía”, expresó Jennifer Doleac, profesora de economía de la Universidad Texas A&M, que ha estudiado la ordenanza.

“A esta altura, no hay buenas evidencias de que estas políticas mejoren la seguridad pública y mis investigaciones indican que la empeoran”, manifestó.