El expresidente peruano Alan García pidió asilo en la embajada de Uruguay en Lima afirmando que sufre “persecución política” luego que un juez le prohibió salir del país mientras es investigado por presuntos delitos ligados al caso Odebrecht, indicaron autoridades de ambos países.

La decisión de García modifica radicalmente su aparente confianza en salir airoso de las investigaciones fiscales a las que está sometido. El presidente peruano Martín Vizcarra y el mandatario uruguayo Tabaré Vásquez conversaron el domingo por teléfono y Vizcarra le informó a Vásquez “que pronto” iba a enviar la información respecto a la situación judicial de García, dijo el vicecanciller peruano Hugo de Zela.

El alto funcionario diplomático dijo que tras el envío de la información sobre García quedarán dos caminos: o rechazan el pedido de asilo y entonces le pedirán a García que abandone la embajada o le conceden el asilo, le comunican a Perú y le piden un salvoconducto para que el exmandatario se pueda transportar en avión al Uruguay.

García ingresó el sábado a la residencia del embajador uruguayo en Lima, Carlos Barros, y solicitó asilo. En una carta dirigida al presidente uruguayo, y difundida por los medios locales, el expresidente dijo que “existe un clima de persecución política” en la gestión de Vizcarra e indicó que existen fiscales “comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno”.

El presidente Vizcarra negó las acusaciones de García y dijo en su cuenta de Twitter que “todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”.

La cancillería uruguaya dijo en un comunicado que procederá de acuerdo a lo establecido por la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

Decenas de ciudadanos opuestos a la solicitud de asilo de García protestaron frente a la casa del embajador uruguayo. Algunos portaban carteles con las frases: “Alan ladrón” y “Uruguay dile no”. Pero al mismo tiempo otro grupo similar de personas clamaban por la inocencia del exmandatario y culpaban a “los comunistas” de su supuesta persecución.

El juez anticorrupción Juan Sánchez le ordenó el sábado a García permanecer 18 meses en el país luego que la fiscalía decidió ampliar su investigación por los supuestos delitos de lavado de activos y colusión agravada. La fiscalía afirma que el expresidente recibió 100.000 dólares de dinero sucio de Odebrecht, maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García realizó en 2012.

Semanas atrás García, quien residía en Madrid, afirmaba en Twitter que la justicia se había “politizado” e incluso insinuó un “golpe de Estado” desde el Ejecutivo después de la campaña anticorrupción iniciada por el gobierno del mandatario Martín Vizcarra. Luego de que el juez le prohibió salir del país indicó que cumpliría la decisión “para que nadie piense que ocultamos algo”.

Durante más de un año García repitió la frase “otros se venden, yo no”, en referencia a las acusaciones por diversos delitos ligados a Odebrecht que pesan sobre los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

García gobernó Perú por segunda vez entre 2006 y 2011, gestión en la que culminó la primera ruta del Metro de Lima, realizada por Odebrecht, una obra que está plagada de sospechas de corrupción. Esa infraestructura fue iniciada en su primer gobierno (1985-1990), y en ese periodo también había quedado inconclusa por presunta corrupción.

Las pesquisas por la presunta corrupción ligada a Odebrecht llevaron hace poco a prisión provisional a la poderosa lideresa opositora Keiko Fujimori. Humala y su esposa también estuvieron encarcelados en 2017, mientras que Toledo se encuentra prófugo y afronta una extradición desde Estados Unidos.

En 2016, Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo 29 millones de dólares a los gobiernos de Perú.

No es la primera vez que García solicita asilo. Lo logró en 1992 cuando fue acusado de corrupción e ingresó a la embajada de Colombia en Lima y desde allí se trasladó a ese país sudamericano y luego a Francia. Retornó a Perú en 2001 cuando sus delitos por colusión, cohecho y enriquecimiento ilícito habían prescrito.

_____

El corresponsal Leonardo Haberkorn de The Associated Press en Uruguay colaboró con este despacho.