El gobierno del presidente Donald Trump todavía no tiene un plan sobre qué hacer si la caravana de migrantes centroamericanos llega a la frontera sur de Estados Unidos. Ello a pesar de las amenazas hechas por el mandatario sobre declarar una emergencia nacional y retirar la ayuda a los países cuyos habitantes viajan hacia el norte.

Altos funcionarios gubernamentales y los asesores más cercanos a Trump siguen ponderando las opciones en reuniones privadas que se han tornado cada vez más intensas en la última semana, incluida una en la que hubo gritos, de acuerdo con funcionarios y otras personas con conocimiento del tema, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar de forma pública.

En tanto, los alrededor de 7.000 migrantes centroamericanos continúan avanzando hacia el norte.

La caravana surge en medio de un aumento en las detenciones de familias en la frontera, lo que ha exasperado al mandatario, pero que también le ha dado un nuevo tema de campaña de cara a las elecciones de mitad de periodo, las cuales se llevarán a cabo dentro de dos semanas.

Sin embargo, el círculo de confianza del presidente en materia de inmigración sigue lidiando con los mismos problemas que lo han atormentado durante meses, sin un cambio en las leyes por parte del Congreso.

Algunos miembros del gobierno de Trump, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, son partidarias de tomar un enfoque diplomático y usar las relaciones con Honduras, México, El Salvador y con las Naciones Unidas para frenar el flujo de migrantes que llegan a Estados Unidos.

“Apoyamos por completo los esfuerzos de Guatemala, Honduras y México mientras tratan de abordar esta situación crítica y garantizar una región más segura”, dijo Nielsen en un comunicado emitido recientemente. Agregó que su dependencia está supervisando de cerca la posibilidad de pandillas u otros criminales que se aprovechan de quienes están en “migración irregular”.

Pero otros funcionarios prefieren opciones más inmediatas, como declarar un estado de emergencia, lo que daría al gobierno una autoridad más amplia para controlar a la gente en la frontera, retirar la ayuda o darles a los padres que lleguen a Estados Unidos una opción entre estar detenidos por meses o años con sus niños mientras solicitan asilo, o colocar a sus pequeños en un albergue gubernamental mientras un familiar o tutor pide su custodia.

Las tensiones aumentaron en la última semana, cuando Nielsen sugirió acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante una reunión con el jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly.

John Bolton, un asiduo crítico de la ONU, estalló por la idea, de acuerdo con funcionarios. Agregaron que Nielsen respondió que Bolton _quien no asiste a menudo a las reuniones sobre migración_ no era un experto en la materia.

La portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders señaló posteriormente en un comunicado que: “Aunque nos apasiona resolver la cuestión de la inmigración ilegal, no estamos molestos uno con el otro. Sin embargo, estamos furiosos con los demócratas del Congreso por no ayudarnos a abordar esta creciente crisis”.

En tanto, funcionarios gubernamentales se alarmaron el martes por un aumento en las familias que entran a través de la frontera, la mayoría provenientes de Centroamérica. Casi un tercio de todas las personas interceptadas en la frontera entre México y Estados Unidos durante el año fiscal de 2018 eran familias y niños, lo que representa cerca de 157.248 de un total de 395.579 detenciones.

Sumado a la caravana, los funcionarios del gobierno de Trump han dicho que es una crisis total. Señalaron que los recovecos en las leyes han ocasionado que se empore la crisis en la frontera, donde la gran mayoría de las personas que ingresan de forma ilegal a Estados Unidos no pueden ser deportadas a sus lugares de origen con facilidad.

Pero los intentos del gobierno de implementar una postura de línea dura sobre la inmigración a través de cambios en las regulaciones y órdenes ejecutivas se han visto frustradas en gran medida por el sistema judicial y, en el caso de las separaciones de familias migrantes a principios del año, se vieron obstaculizadas por una indignación a nivel internacional que provocó que Trump eliminara las separaciones con una orden ejecutiva del 20 de junio.

Aunque las caravanas de este tipo han ocurrido con una cierta regularidad en los últimos años, esta ha acaparado la atención de cara a las elecciones de mitad de periodo programadas para el 6 de noviembre.

La marcha parecía comenzar como un grupo de unas 160 personas que decidieron salir juntos de Honduras para tener una mayor protección contra las pandillas que se aprovechan de los migrantes que viajan solos. A medida que avanzaron hacia el norte, más gente comenzó a integrarse.

Actualmente, está compuesta por miles de personas y le restan más de 1.600 kilómetros (1.000 millas), o quizás más, para terminar su viaje.

Si llegan a la frontera sur de Estados Unidos, lo más probable es que se enfrenten a largas filas en los puertos de entrada. El espacio para la detención familiar está limitado a unas 3.300 camas a nivel nacional y, bajo un acuerdo judicial, los niños no pueden estar detenidos más de 20 días, por lo que es posible que muchos sean puestos en libertad.

En una carta enviada el martes al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, Chuck Grassley, y el senador Mike Lee sugirieron que el gobierno realice un acuerdo de “terceros” con México que obligaría a cualquier miembro de la caravana que busque asilo a solicitarlo en el país de su llegada, que sería México. 

Los legisladores republicanos dijeron que el proceso ya funciona de esa forma en Europa. 

En un tuit publicado el lunes, Trump escribió: “Tristemente, parece que la policía y las fuerzas armadas de México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos”. Agregó que había alertado a la Patrulla Fronteriza y al ejército y que pidió un cambio en las leyes.

También tuiteó sin proporcionar evidencia que en la caravana iban “criminales y personas desconocidas de Medio Oriente”.

El martes, el presidente reconoció que su afirmación solo había sido un presentimiento.

“No hay ninguna prueba de nada. Pero ellos bien podrían estar”, manifestó Trump.

Cuando le preguntaron si estaba insinuando que había terroristas en la caravana, el presidente respondió: “Bien podría haber”.

Los comentarios del presidente son su intento más reciente de introducir las políticas sobre inmigración en la conversación a nivel nacional en las semanas previas a las elecciones legislativas. Tanto Trump como sus asesores principales han creído que el tema _un elemento central en su campaña presidencial_ es una pieza clave para motivar la participación de los simpatizantes republicanos.

“Culpen a los demócratas”, escribió. “Recuerden las elecciones de mitad de periodo”.

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El periodista de The Associated Press Jill Colvin contribuyó a este despacho.