Un juzgado salvadoreño decretó el domingo instrucción formal de cargos con detención preventiva para el exfiscal general Luis Martínez, acusado de beneficiarse con dádivas para ocultar presuntos delitos del expresidente Mauricio Funes y de un empresario prófugo.

Nelly Pozas, jueza cuarta de paz de San Salvador, también ordenó la detención provisional del exfiscal Julio Arriza, que dirigía la Oficina de Intereses de la Sociedad del Ministerio Público durante la administración de Martínez entre 2012 y 2015.

Además decretó medidas cautelares para Carla Francesca García, esposa de Martínez, y para Mauricio Antonio Yáñez, que se desempeñaba como gerente general del Ministerio Público. Con respecto a los otros 13 imputados resolvió que sean procesados en libertad.

En la audiencia solo estuvieron presentes 17 de los 30 acusados por el Ministerio Público, y la jueza resolvió que la próxima semana realizará otra audiencia. Si no se presentan o mandan abogados que los representen se emitirá una orden de captura.

Entre los imputados ausentes destaca Funes, que junto con su actual pareja sentimental y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no enfrentaban una orden de captura.

De acuerdo a la Fiscalía, Funes, que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, pagó y entregó dádivas a Martínez a cambio de impunidad, por lo que se pidió que sea procesado por el delito de cohecho activo, que se castiga con entre seis y diez años de prisión. Por su parte, el exfiscal está acusado de 15 delitos y se le acusa de la venta de justicia e impunidad a Funes y al empresario Enrique Rais, ambos procesados y prófugos de la justicia por diversas causas.

La justicia ya busca a Funes para que responda por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.

La Fiscalía sostiene que durante los cinco años del gobierno de Funes se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares, los cuales fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.

Según la acusación, durante la administración como fiscal general entre 2012 y 2015, Martínez recibió entre 10.000 y 20.000 dólares al mes de Funes para que no investigara supuestas irregularidades en el contrato de construcción de una presa hidroeléctrica y la llamada tregua entre las pandillas y su gobierno. Se afirma que también recibió tres vehículos de lujo, uno de estos blindado.

Además señala que el exfiscal viajó en 92 ocasiones en aviones privados del empresario Enrique Rais, con un costo de 1,2 millones de dólares, a cambio de que Martínez omitiera investigaciones o archivara siete expedientes que tenía la Fiscalía contra él y uno de sus familiares.

La Fiscalía también asegura tener pruebas que confirman la sustracción de fondos de cuentas especiales y patrimonio de ese organismo por un monto de 735 mil dólares por consultorías ficticias, contrataciones ilegales y remodelación de viviendas.

Martínez está encarcelado en el penal La Esperanza, conocido como “Cárcel de Mariona”, al norte de la periferia de San Salvador, ya que enfrenta dos juicios penales. El primero de los casos tiene que ver con los delitos de divulgación de material reservado y omisión de investigación, al hacer públicos audios de llamadas telefónicas del sacerdote español Antonio Rodríguez.

Martinez también está siendo procesado en el caso denominado Rais-Martínez, porque valiéndose de su cargo “vendió justicia” a Rais, desestimando dos demandas en su contra, al tiempo que la Fiscalía procesó a quienes lo estaban demandando.