El fiscal general de Venezuela dijo que está investigando a los oficiales de policía que no mantuvieron a salvo a un político opositor que se lanzó al vacío desde el 10mo piso de un edificio, y rechazó los exhortos para que se realice una pesquisa independiente sobre el deceso.

La muerte de Fernando Albán la semana pasada conmocionó a muchos venezolanos que dudan de la versión oficial que dice que el concejal de un municipio de la zona metropolitana de Caracas se suicidó tres días después que fue arrestado en un aeropuerto. Albán regresaba de un viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para fomentar puntos de vista opuestos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En entrevista, el fiscal general Tarek William Saab restó importancia a las críticas e insinuó que los líderes de oposición que insisten en que Albán fue lanzado desde el edificio o que fue torturado hasta morir podrían ser procesados judicialmente.

“Los que han hablado lo contrario no han presentado ninguna prueba”, dijo. “Primero tienen que dar nombres de las personas que cometieron el asesinato. Nadie se ha atrevido a hacerlo porque eso implicaría un delito de difamación, inventar un hecho”.

Dijo que la autopsia efectuada a Albán fue documentada con fotografías y que los resultados fueron compartidos con la familia del fallecido y sus abogados para que los examinen. A la fecha no han objetado nada, aseveró.

Saab rechazó los exhortos de los líderes de la oposición para que se realice una investigación independiente a cargo de expertos internacionales y así dar fin a las versiones contradictorias sobre la manera como falleció Albán. Dijo que esos exhortos, apoyados por Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros, son “una expresión de injerencismo”.

“Nosotros no vamos delegar a ningún gobierno extranjero la titularidad de acción penal”, declaró Saab. “Es un abuso y falta de respeto”.

Sin embargo, reconoció que ningún preso debería poder suicidarse estando bajo custodia del Estado, y señaló que los responsables de no protegerlo podrían ser investigados por negligencia.

“Los custodios fueron entrevistados, porque forman parte de la investigación”, afirmó.

Para muchos venezolanos, entre ellos exsimpatizantes del gobierno, la muerte de Albán semeja las tácticas de guerra sucia utilizadas por agentes estatales en las décadas de 1960 y 1970, cuando prominentes izquierdistas —entre ellos el padre de la vicepresidenta Delcy Rodríguez— fueron encontrados sin vida en celdas carcelarias y sin mayor explicación.

Saab, de 56 años, se convirtió en fiscal general hace 15 meses, cuando su predecesora, Luisa Ortega, fue destituida por la Asamblea Constituyente, que asumió las competencias de la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría.

Desde entonces, ha detenido a docenas de altos funcionarios acusados de corrupción, entre ellos dos extitulares de la petrolera estatal PDVSA, arrestos que la ahora exiliada Ortega fue renuente a hacer en la década que estuvo en el cargo.

Sin embargo, también ha enfrentado críticas por hacer uso arbitrario de su poder y no excarcelar a docenas de activistas presos bajo cargos que según la oposición fueron inventados.

En agosto, Saab estaba con Maduro durante una ceremonia militar durante la cual se detonaron drones cargados con explosivos en las cercanías.

Saab dijo que los fiscales han identificado a la fecha a 51 sospechosos que supuestamente participaron en la conjura orquestada en Estados Unidos y Colombia para asesinar al presidente.

Señaló que las evidencias apuntan a la participación de prominentes políticos de oposición, como el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Borges, exiliado en Colombia, describió las acusaciones como un intento infundado de aplastar a la disidencia en medio de una crisis económica sin precedentes.

“Es una gran contradicción decir que la autopsia puede ser auditada pero después amenazar a los que creen que fue un asesinato”, declaró Borges, que estaba con Albán en la Asamblea General de la ONU antes de su arresto en el aeropuerto de Caracas.

La negativa de Saab a permitir una investigación internacional sobre la muerte de Albán contrasta con su invitación al FBI para que colabore en la pesquisa sobre el atentado con drones contra Maduro.

Cuando Saab era el año pasado el máximo funcionario de derechos humanos en Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su papel en impulsar la formación de la Asamblea Constituyente, una entidad progubernamental a la que el gobierno del presidente Donald Trump ha condenado y considera una burda toma del poder.

Al igual que otros altos funcionarios, Saab considera las sanciones una placa de honor. Tiene en su despacho en Caracas fotografías deterioradas de él con sus héroes revolucionarios: Hugo Chávez, de Venezuela; Fidel Castro, de Cuba, y el líder independentista de Argelia, Ahmed Ben Bella.

Además una apariencia un tanto hippie. Le gusta bambolearse escuchando clásicos de Neil Young, tiene tatuajes en diversas partes del cuerpo, ha publicado varios libros de poesía en español y árabe, y a veces utiliza sandalias en su oficina.

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