Los abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentaron el viernes una acción legal de protección en la que solicitaron que el Estado respete sus derechos en la embajada ecuatoriana en Londres, donde está asilado desde 2012.

La iniciativa, en la que se menciona como contraparte a las autoridades de la cancillería y de la procuraduría, busca que no se haga efectivo un protocolo con estrictas normas para visitas, que pague su servicio de internet, lavandería y visitas médicas, así como el cumplimiento de normas de comportamiento mínimo al interior de la misión diplomática de este país en Gran Bretaña.

El canciller José Valencia, en declaraciones a la prensa, dijo que “por supuesto que vamos a responder... con apego al derecho que sigue el gobierno nacional y que sigue la cancillería. Contamos con absolutamente todo el respaldo judicial del caso ya que es un protocolo adoptado conforme a estándares internacionales y a la ley ecuatoriana”.

El abogado español Baltasar Garzón, que lidera la defensa internacional Assange, afirmó que con tal protocolo “creemos que se ha roto de alguna forma la disposición de entendimiento que había entre la persona protegida internacionalmente con el asilo... y el propio Estado que le ha otorgado esa protección”.

Añadió que su defendido es una persona que entró en la embajada, pidió asilo y “se lo podía haber denegado, pero se lo concedió, y como se lo concedió, a partir de ese momento es una responsabilidad del estado de Ecuador el sostenimiento de los requisitos del asilo y por supuesto del asilado”.

La demanda debería ser procesada por la Corte de Garantías Constitucionales de Ecuador.

El abogado ecuatoriano defensor de Assange, Carlos Poveda, había dicho esta semana que “las reglas que se han impuesto (por parte del gobierno ecuatoriano) son bastante restrictivas... entonces creemos que hay un régimen muy especial. La idea del gobierno es tenerle como un presidiario más que como un asilado. Soy abogado y es mucho más fácil ingresar a una prisión de máxima seguridad que a la embajada, eso dificulta enormemente (la permanencia de Assange)”.

Assange ingresó en 2012 a la embajada en Londres para evadir una posible extradición a Suecia con el objetivo de responder a acusaciones de delitos sexuales. Suecia desestimó los cargos, pero la justicia británica negó en febrero, en dos ocasiones, pedidos de Assange solicitando su libertad debido a que los magistrados consideraron que incumplió las condiciones de la libertad bajo fianza.

Ecuador concedió la ciudadanía ecuatoriana a Assange en diciembre como parte de un esfuerzo para hacerlo miembro de su equipo diplomático, lo que le garantizaría ciertos derechos como la inmunidad legal. Sin embargo, Gran Bretaña rechazó el pedido de entregarle estatus diplomático en el país.