El gobierno socialista español propuso nuevos impuestos a las grandes empresas de internet y a las transacciones financieras, a fin de financiar las pensiones y los servicios públicos.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero declaró el viernes que el impuesto a las empresas de internet se aplicaría a entidades con un ingreso anual de más de 750 millones de euros (860 millones de dólares) en todo el mundo, más de 3 millones de euros en España. Ello incluiría a las empresas estadounidenses Google, Facebook y Amazon.

En cuanto a las transacciones financieras, habría un impuesto de 0,2% sobre la compra y venta de acciones españolas por parte de corredores del sector.

Montero dijo en una conferencia de prensa que el plan del gobierno es modernizar las leyes impositivas para los negocios en el siglo XXI y sentar las bases para una sociedad más justa.

Los nuevos impuestos también contribuirían a mantener la deuda pública y el déficit presupuestario dentro de los lineamientos de la eurozona, dijo Montero.

La propuesta aún necesita aprobación parlamentaria. No quedó claro de inmediato si es que el gobierno minoritario puede juntar suficientes votos en el parlamento para aprobar su plan.

Otros países de la Unión Europea están sopesando medidas fiscales parecidas. Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia apoyan una propuesta presentada este año por la Comisión Europea para subir los impuestos a servicios digitales.

Mediante la propuesta se subiría el impuesto en 3% a la publicidad en línea, los servicios en línea de corretaje y venta de información de usuarios.

El gobierno espera que eso recaude 1.200 millones de euros para las arcas fiscales el próximo año.

El propuesto aumento de impuestos a transacciones financieras abarcaría solamente acciones vendidas en España, por empresas cotizadas y que tengan una capitalización de mercado de más de 1.000 millones de euros. Estarían exentas las compras de deudas y de otros títulos derivados.

El gobierno calcula que esta medida derive en 850 millones de euros en ingresos.

El gobierno también planea recaudar más de 800 millones de euros a través de investigaciones a evasores de impuestos, con medidas como bajar el límite para pagos en efectivo entre negocios - de 2.500 a 1.000 euros.