Políticos catalanes y grupos defensores de derechos humanos han reclamado al gobierno de España que libere a los separatistas encarcelados, incluidos dos prominentes activistas proindependentistas que fueron detenidos hace un año en espera de juicio.

El presidente regional catalán, Quim Torra, quien está a favor de la independencia de España, visitó a los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de las organizaciones de sociedad civil ANC y Omnium Cultural, respectivamente. Ambos tuvieron un papel fundamental para obtener el apoyo público para el referendo ilegal que se llevó a cabo hace un año en Cataluña, un próspero centro turístico e industrial en el noroeste de España.

Por la tarde está programada una protesta para exigir su liberación en la capital regional, Barcelona, y la organización Amnistía Internacional ha pedido “libertad inmediata” para los activistas ya que su encarcelamiento es una “restricción excesiva y desproporcionada”.

Sin embargo, el gobierno de centroizquierda del presidente Pedro Sánchez, quien intenta tranquilizar las tensiones en la inquieta región mientras busca el apoyo de los separatistas para su presupuesto en el parlamento nacional, dice que no puede hacer nada porque el caso está en manos de los jueces.

Jordi Sánchez y Cuixart fueron encarcelados el 16 de octubre de 2017, poco más de dos semanas después del referendo. Primero fueron acusados de posible sublevación por su participación en una tumultuosa protesta que obstaculizó los esfuerzos policiales para evitar la votación, su detención fue prolongada con cargos de rebelión, que bajo la ley española implica el uso de la violencia.

En comparecencias en la corte durante la investigación, ambos defendieron un activismo pacífico y afirmaron que se subieron a las patrullas la noche de la protesta sólo para pedir que la gente se contuviera de actuar con violencia.

Cinco líderes proindependentistas, incluido el expresidente catalán Carles Puidgemont, huyeron al extranjero cuando la pesquisa fue tras ellos, mientras que siete secesionistas más también fueron encarcelados y esperan su juicio.

En la declaración de Amnistía Internacional de esta semana, sólo se pedía la liberación de Jordi Sánchez y Cuixart, sin mencionar a los otros líderes. El organismo defensor de los derechos humanos dijo que los cargos de rebelión, que son punibles con hasta una década tras las rejas, son “injustificados y, por tanto, deben ser retirados”.

El gobierno con minoría del Partido Socialista necesita apoyo de los partidos pequeños y regionales, incluidos los separatistas catalanes, para aprobar el presupuesto nacional del próximo año en la cámara baja del parlamento, un paso clave para el deseo del mandatario de permanecer en el puesto hasta que acabe el actual periodo en 2020.

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Parra reportó desde Madrid