Un tractor con una grúa levanta a media docena de personas que sostienen banderas catalanas en el noreste de España, intentando elevarlas lo suficiente para que puedan observar el patio de la prisión en la que están sus héroes separatistas.

A la distancia, es difícil reconocer los rostros de los activistas y políticos catalanes encarcelados en el Centro Penitenciario de Lledoners mientras aguardan juicio por su participación en un referendo independentista prohibido que se realizó el año pasado en Cataluña. Pero a pesar de la lejanía los reclusos y sus simpatizantes se comunican rápidamente.

Fuera de la prisión se escuchan los gritos de los simpatizantes, quienes exigen la libertad de los activistas. El júbilo estalla cuando la bandera catalana no oficial que acogieron los separatistas, la “estelada”, aparece a través de los barrotes de la ventana de una celda.

“Estoy convencida que la energía que desprendemos desde aquí sí que los ayuda”, dijo Quima Albalate, una enfermera de 58 años que dos veces a la semana acompaña a su hijo en días de campo de solidaridad en estas tranquilas colinas de la región rural de Cataluña.

Los separatistas encarcelados, junto a aquellos que huyeron al extranjero para evadir a la justicia española, se han convertido en un emotivo símbolo de lo que muchos perciben como un rígido intento de España por aplastar el movimiento secesionista en Cataluña. También son un obstáculo clave en las negociaciones para salir del estancamiento político que ha derivado en la peor crisis constitucional española en varias décadas.

Su ausencia opaca las conmemoraciones del jueves, que marcan un año desde que la policía española comenzó a allanar los edificios del gobierno en Barcelona para arrestar a funcionarios catalanes.

Varios miles de personas, incluyendo al presidente regional de Cataluña Quim Torra, se presentaron a las protestas del jueves por la noche en Barcelona para conmemorar esos eventos, que ayudaron a impulsar el más reciente intento separatista en una región que desde hace tiempo intenta desprenderse de España. Los manifestantes pedían a gritos que los activistas fueran liberados.

Nueve separatistas permanecen en prisión preventiva por cargos preliminares de rebelión y abuso de autoridad. Siete se encuentran en Lledoners, incluyendo a los reconocidos activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes hace un año llevaron a miles de personas a las calles para protestar por las inspecciones policiacas previas al referendo prohibido del 1 de octubre de 2017 para decidir si la región se independizaba o no. Los exministros regionales Oriol Junqueras y Jordi Turull también están encarcelados ahí.

Esta semana, la esposa de Turull, Blanca Bragulat, se presentó en el perímetro de la prisión y puso una conversación con su marido en un altavoz para que lo escucharan sus simpatizantes.

Ondeando la bandera independentista catalana y vestidos con camisetas y moños amarillos — símbolos inequívocos de apoyo a lo que consideran son presos políticos —, estas familias han instalado mesas para días de campo dos veces por semana desde que los reclusos fueron transferidos desde algunas prisiones cercanas a Madrid hasta este lugar, a unos 70 kilómetros (43 millas) al norte de Barcelona.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ordenó las transferencias poco después de asumir el cargo en junio pasado a fin de destensar el conflicto político. Pero las autoridades separatistas regionales en Cataluña quieren más y presionan a los fiscales estatales a cambiar de postura y permitir la excarcelación de los prisioneros.

El gobierno central, que designa al procurador principal, se apega al argumento de que los separatistas reciben el proceso debido que establecen las leyes españolas. Pero algunos funcionarios han reconocido que el diálogo sería más sencillo con los catalanes fuera de prisión.

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Parra reportó desde Madrid.