Soldados del Ejército mexicano ejecutaron a dos hombres y les sembraron armas durante un enfrentamiento entre autoridades y ladrones de combustible ocurrido en 2017 en el estado de Puebla, dijo el miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Seis civiles y cuatro efectivos murieron en la confrontación que estalló en la localidad de Palmarito cuando las autoridades intentaban capturar a personas que habían perforado tomas ilegales en ductos de combustible propiedad del Estado.

La CNDH recomendó el miércoles que el Ejército repare el daño a las familias de los fallecidos, y señaló que otras personas sufrieron maltratos después de ser detenidas. Un total de 26 personas resultaron heridas.

Algunas de las muertes fueron captadas por cámaras de vigilancia. En un video se ve a un hombre haciéndose el muerto para luego levantarse y dispararle por la espalda a un soldado. En otro se ve cuando un soldado aparentemente ejecuta a un hombre tendido en el piso.

“Ningún delito debe ser combatido con otro ilícito”, indicó la CNDH.

La comisión señaló que el ejército ha cooperado con la investigación, pero que elementos de la Procuraduría General de la República se han rehusado a entregar información.

El robo de combustibles, que con cada vez mayor frecuencia incluye la perforación de ductos que transportan gasolina, diésel e incluso gas de cocina, es un creciente problema en todo México. Se registraron 8.742 perforaciones ilegales a los ductos durante los primeros siete meses de 2018, un incremento del 50% respecto al mismo periodo del año previo, según las autoridades.

Los grupos delictivos involucrados en el robo de hidrocarburos se han tornado más organizados y violentos, y los residentes de las localidades pobres en donde operan a menudo se les unen para confrontar a las autoridades.

La comisión dijo que “observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente”.

Los fiscales no han sido prestos para llevar a los miembros de las fuerzas armadas ante la justicia en casos de abusos a los derechos humanos. La CNDH determinó que los soldados ejecutaron a por lo menos 12 sospechosos después de que se habían rendido tras un enfrentamiento el 30 de junio de 2014 en el poblado de Tlatlaya, en el Estado de México, pero posteriormente se desecharon los cargos en contra del personal castrense.