La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala firmó el jueves una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral del país para apoyar en la investigación y capacitación de profesionales con el fin de que la institución mejore sus capacidades contra delitos electorales.

En una conferencia de prensa, el comisionado Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo que la carta de entendimiento apoyará la profesionalización de los encargados de la nueva Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, así como de la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión de fiscalización del financiamiento electoral que el TSE instalará, e indicó que es “para el cumplimiento adecuado de la función... y el intercambio de información”.

La CICIG y el Ministerio Público mantienen abiertas varias investigaciones judiciales contra empresarios, exfuncionarios y funcionarios _entre ellos el presidente Jimmy Morales_ por delitos relacionados al financiamiento ilícito y anónimo de partidos políticos.

En un comunicado de prensa la CICIG dijo que, con la firma del convenio, proporcionará apoyo a las unidades y acompañará y asistirá técnicamente al TSE en los temas que establezca de acuerdo a las funciones y mandato de la Comisión, entre otras acciones.

En un momento dado un grupo de unas 20 personas interrumpió la conferencia de prensa, insultando y amenazando a los magistrados del TSE, a Velásquez por firmar el convenio y a periodistas, bajo el argumento de que se trata de una intromisión de la CICIG. Los agresores golpearon puertas y ventanas para ingresar, por lo que la seguridad retiró a los funcionarios.

La CICIG constantemente realiza convenios de cooperación con otras instituciones del estado guatemalteco.

"¿Cuál es la razón de la presencia de la CICIG en un proceso de acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral en estas tareas que son de indudable beneficio para la democracia?”, pregunto Velásquez en la conferencia de prensa, y respondió que “se ha observado que el financiamiento electoral ilícito ha sido germen de una buena parte de la corrupción en el país (...). La razón, justificación de nuestra presencia, es de nuestro apoyo y aporte al país, dirigido al TSE y al fortalecimiento a la democracia del país”.

El convenio de cooperación forma parte de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos realizadas por el Congreso de la República en 2016, que estableció la creación de dos unidades especializadas del TSE para establecer y aplicar controles sobre el financiamiento político y la propaganda y proselitismo electoral.