La absolución por la justicia paraguaya de once campesinos encarcelados por asociación criminal y asesinar supuestamente a seis policías en 2012 durante la ocupación de una finca, fue saludada por algunos organismos como una victoria de los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia de la nación sudamericana decidió anular las sentencias que se les impusieron a los labriegos, al concluir que los señalamientos de la fiscalía no contaban con suficientes evidencias, en un caso que propició la destitución del entonces presidente Fernando Lugo y que llamó la atención de los organismos de derechos humanos internaciones.

“Tras seis años de lucha por la justicia en este terrible caso, hoy por fin celebramos la absolución de 11 personas campesinas acusadas injustamente de la muerte de seis policías”, señaló Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas en un comunicado divulgado el viernes. “La sentencia de la Corte es un triunfo importante para los derechos humanos en Paraguay”.

Agregó que ahora queda pendiente que las autoridades se comprometan en “garantizar justicia, verdad y reparación por la muerte de los 11 campesinos que se han negado investigar” y continuar las pesquisas sobre el fallecimiento de los policías.

Los campesinos Luis Olmedo, quien había sido condenado a 20 años de prisión; Néstor Castro y Arnaldo Quintana, ambos sentenciados a 18 años, abandonaron el viernes una cárcel pública en la periferia sur de Asunción tras la sentencia.

"Iré a mi pueblo Yby Pytá a reencontrarme con mi familia y amigos”, señaló a la AP Castro tras abrazarse con su padre a la salida de la prisión. “Me dedicaré a la agricultura, como antes".

Rubén Villalba, líder de los campesinos y sentenciado a 30 años, no salió de la cárcel de inmediato porque aún le queda un año de encierro para completar la condena de siete años por otro caso penal, según las autoridades. Otros ocho trabajadores rurales, beneficiados con la resolución judicial, se encontraban en libertad condicional desde hace dos años porque recibieron penas menores.

El caso se remonta al 17 de junio del 2012, cuando unos 420 policías antimotines y antiterroristas apoyados con caballos, perros y un helicóptero, se enfrentaron con los campesinos en el interior de una finca de 2.000 hectáreas denominada Maria Cué, en las afueras del pueblo Curuguaty, a 290 kilómetros al noreste de Asunción. Once campesinos y seis policías fallecieron durante la balacera.

Los trabajadores rurales, organizados en un comité reconocido por el anterior gobierno del presidente Nicanor Duarte (2003-2008), habían ingresado al terreno donado al estado en 1967 por un rico terrateniente, con la intención de beneficiarse con la reforma agraria.

Jalil Rachid, uno de los fiscales intervinientes, había dicho en una entrevista con la AP que en sus investigaciones "no pude precisar quién mató a quién, pero reuní evidencias de que los campesinos (79 en total) emboscaron a los policías”.

Cinco días después de la balacera, el entonces presidente Lugo fue destituido en juicio político realizado en el Senado al acusársele de actos de negligencia en sus funciones. Fue sustituido por su vicepresidente Federico Franco.

Los organismos regionales de integración, como Mercosur y Unasur, suspendieron a Paraguay por la destitución de Lugo, un ex obispo católico.