Bajo la consigna “no a la militarización de Argentina” varios cientos de personas se movilizaron el jueves en Buenos Aires contra una reforma de las Fuerzas Armadas dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri que las involucra en tareas de seguridad interior, lo cual tenían vedado desde el retorno de la democracia en 1983.

Mientras tanto, los principales partidos de oposición convocaron a una sesión en la Cámara de Diputados para el próximo 8 de agosto con el objetivo de derogar el decreto presidencial que significa un cambio un radical de la doctrina de defensa que imperó en las últimas tres décadas.

Convocada por los organismos de derechos humanos, una multitud protestó frente al Ministerio de Defensa en el centro de la capital para repudiar una reforma que según ellos rompe con un acuerdo social sobre el rol de las Fuerzas Armadas y que tiene como trasfondo reforzar al aparato represivo del Estado ante una mayor conflictividad por las políticas de ajuste.

“(El decreto) viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno de la democracia y el debido respeto a los derechos humanos”, según un documento leído por varios oradores, entre ellos integrantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

“Este plan de ajuste solo puede imponerse con represión, reeditando la teoría del enemigo interno para intentar acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones con las que nos manifestamos en todo el país contra las políticas anti-populares del macrismo”, agregó el texto.

Macri firmó el lunes un decreto por el cual dispuso que las Fuerzas Armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes y ante cualquier otra forma de agresión externa incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.

Esta disposición derogó otro decreto de 2006 que acotaba el accionar de las Fuerzas Armadas ante agresiones externas "cuando éstas sean perpetradas por otros Estados".

El presidente argumentó que en el siglo XXI el país enfrenta nuevas amenazas y más sofisticadas, como narcotráfico, terrorismo y ciberataques, los cuales pueden tener origen en el exterior pero “se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar”.

La controvertida decisión apunta a dar respuesta a una sociedad que tiene a la inseguridad como una de sus máximas preocupaciones pero choca con el recuerdo latente de las atrocidades cometidas por la última dictadura militar (1976-1983).

Según organismos de derechos humanos, 30.000 disidentes fueron asesinados durante el régimen. Las cifras oficiales dan cuenta de 8.000.

La doctrina de defensa vigente en Argentina --que acotaba el accionar de las Fuerzas Armadas -- se adoptó tras 1983 y a la par de las investigaciones judiciales que fueron revelando los crímenes de lesa humanidad durante el régimen.

“No a los milicos en la calle” y “No a las botas”, se leía en carteles durante la protesta.

“Cuando un gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos”, se leía en otro sostenido por una militante.

“Vamos a seguir defendiendo nuestra democracia... con las banderas de los 30 mil detenidos-desparecidos, gritamos con toda convicción: Fuerzas Armadas represivas NUNCA MAS”, cerró la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida.

Más temprano, las fuerzas opositoras mayoritarias, entre ellos el peronismo, rechazaron el decreto por considerarlo inconstitucional y advirtieron que una reforma de estas características debería discutirse primero en el Congreso. Adelantaron que convocarán a una sesión para derogar la resolución del Poder Ejecutivo y que promoverán el juicio político contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad.