El secretario general de la ONU Antonio Guterres dijo el miércoles que el nuevo gobierno de Colombia debe consolidar la paz y abordar de manera urgente los desafíos más grandes del país, que van desde un aumento en la violencia hasta restaurar la confianza en el futuro entre los rebeldes que depusieron las armas.

Guterres dijo en un informe entregado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que quizás no haya un desafío más grande para el gobierno entrante que llevar el desarrollo, la seguridad y el estado de derecho a las “extensas zonas del país que continúan siendo víctimas de la violencia”.

Expresó su profunda preocupación por el repunte de homicidios de líderes de comunidades y de defensores de los derechos humanos luego de que Iván Duque ganó las elecciones presidenciales el mes pasado. Duque será juramentado el 7 de agosto.

Se prevé que el Consejo de Seguridad analice el informe el jueves tras las sesiones informativas del jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, y del vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo.

Guterres dijo que la transición de los exrebeldes “de la guerra a la política” fue un factor clave en las elecciones de Colombia, que fueron las menos violentas y más participativas en décadas. Los colombianos eligieron al sucesor del presidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz de 2016 con las FARC que puso fin a cinco décadas de conflicto armado, durante las cuales murieron aproximadamente 260.000 personas y 7 millones más fueron desplazadas. Duque ha criticado algunos aspectos del tratado.

El secretario general de la ONU destacó el logro de Santos y de los líderes de las FARC en la culminación de una etapa del proceso de paz y les agradeció su liderazgo.

“La tarea que tenemos por delante es consolidar la paz”, dijo Guterres.

La persistente violencia en zonas de conflicto, la “proliferación de grupos ilegales y el crecimiento de la economía de la coca, así como la frustración y el temor entre los excombatientes y las comunidades que se sienten ignoradas por el proceso de paz, no dejan duda de la magnitud de los desafíos que aguardan al nuevo gobierno, a las instituciones colombianas y a la sociedad civil por igual”, puntualizó Guterres.

Hasta ahora, dijo el secretario, la implementación de la paz “ha estado marcada por niveles de incertidumbre que han generado dudas profundas y comprensibles entre los miembros de las FARC que se están reintegrando a la sociedad”.

La incertidumbre continúa rodeando las garantías legales, políticas y de seguridad de aquellos que depusieron sus armas y que ahora dependen de que el gobierno haga valer dichas garantías y proporcione oportunidades económicas, agregó.

El objetivo de brindar oportunidades que generen ingresos para 14.000 excombatientes de las FARC “está lejos de hacerse realidad”, aseveró Guterres.

“Las nuevas autoridades del país tienen la responsabilidad crucial de restaurar un sentido de confianza en el futuro entre la tropa, los comandantes de nivel medio y los líderes de la exguerrilla”, afirmó el secretario general. “No es solo una cuestión de consolidar el proceso de paz con las FARC, sino también es un asunto de credibilidad en relación con posibles negociaciones futuras con otros actores armados”.

En el informe se hizo notar que se está llevando a cabo una sexta ronda de conversaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, un grupo rebelde más pequeño que las FARC.

Guterres dijo que el incremento en los homicidios “confirma la urgencia de hacer frente al patrón de violencia que sigue afectando principalmente a las áreas rurales”.

Cada vez más estas áreas incluyen áreas de cultivo ilegal de coca y de narcotráfico, señaló, y líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos están siendo asesinados por “actores” que intentan controlar comunidades, tierras y recursos que solían ser controlados por las FARC.

Desde agosto de 2017, señaló Guterres, 51 exintegrantes de esta guerrilla han sido asesinados y otros cinco fueron víctimas de “desapariciones forzadas”.

Guterres indicó que el nuevo gobierno tendrá que poner el problema de la violencia “en el centro de su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar los esfuerzos para hacer que los perpetradores rindan cuentas”.