Un juez ordenó el martes la liberación inmediata de un inmigrante ecuatoriano que fue detenido con fines de deportación luego de que entregó una pizza en una instalación del Ejército de Estados Unidos en Brooklyn.

“Aunque permaneció en Estados Unidos de forma ilegal y actualmente está sujeto a una orden final de deportación, ha sido un ciudadano ejemplar”, escribió el juez de distrito Paul Crotty sobre el ecuatoriano Pablo Villavicencio.

El juez neoyorquino dijo que Villavicencio, quien estaba detenido en una cárcel de Nueva Jersey, puede quedarse en Estados Unidos mientras agota su derecho de intentar obtener un estatus legal. El ecuatoriano solicitó permanecer en Estados Unidos luego de que se casó con una ciudadana estadounidense, con quien tiene dos niñas.

El juez mencionó a las menores y dijo que son ciudadanas estadounidenses.

“No tiene antecedentes penales”, escribió el juez. “Ha pagado sus impuestos. Ha trabajado de manera diligente para mantener a su familia”.

El gobierno federal, que había querido que el caso se trasladara de Nueva York a Nueva Jersey, no ha comentado sobre la decisión del juez.

El abogado Gregory Copeland, quien representa a Villavicencio, dijo que sus abogados esperaban que fuera liberado el martes por la noche. La esposa del ecuatoriano indicó que estaba en su casa ubicada en Hempstead esperando un automóvil que la llevará al centro de detención, donde se reunirá con su esposo y los abogados.

Adriene Holder, abogada a cargo del fuero civil en Legal Aid Society, dijo que “el derecho, la humanidad y la moralidad” prevalecieron y que la familia Villavicencio al fin “ha recibido una dosis crucial de alivio de su pesadilla de 53 días”.

“Esta decisión debería servir como una reprimenda contra el gobierno del presidente Trump y su cruzada despiadada de separar a las familias” migrantes, indicó Holder en un comunicado.

El juez emitió el fallo después de escuchar argumentos el martes, cuando puso en aprietos a un abogado del gobierno sobre el esfuerzo de las autoridades de inmigración para hacer cumplir una orden de deportación de 2010 y cuestionó la necesitad de detener y deportar rápidamente a Villavicencio, de 35 años.

“¿Hay algún concepto de justicia aquí o sólo estamos haciendo esto porque queremos?”, preguntó el juez. “¿Por qué queremos aplicar la orden? No hace ninguna diferencia respecto a los problemas más grande que enfrenta el país”.

___

La periodista de The Associated Press Claudia Torrens contribuyó a este despacho.