Un juez federal estadounidense preguntó el martes si el gobierno tiene “alguna noción de justicia” en mente, al cuestionar la necesidad de deportar a un inmigrante ecuatoriano detenido cuando entregaba pizza a una base militar en Brooklyn y ahora separado de su esposa y sus dos hijitas.

El juez Paul A. Crotty cuestionó al abogado del gobierno al escuchar argumentos sobre si una corte en Nueva Jersey o una en Nueva York debería decidir la suerte de Pablo Villavicencio, quien en el 2010 no obedeció una orden de deportación voluntaria antes de casarse con una ciudadana estadounidense y establecer vida en el país.

Crotty no emitió un fallo inmediato, pero cuestionó los motivos de las decisiones del gobierno de colocar a Villavicencio, de 35 años, al borde de la expulsión.

"Los poderosos están haciendo lo que quieren y los pobres sufriendo lo que deben”, dijo Crotty tras escuchar al fiscal federal Joseph Cordaro defender las acciones del gobierno.

"Quiero decir, ¿hay algún concepto de justicia aquí o estamos simplemente haciendo esto porque queremos?”, preguntó el juez. “¿Por qué queremos hacer cumplir esta orden? No cambia nada en términos de los asuntos importantes que afectan al país”.

Cordaro argumentó que la causa debería ser transferida a Nueva Jersey porque Villavicencio está detenido allí. Dijo que los precedentes legales así lo dictan.

Dijo que Villavicencio aún podría solicitar convertirse en residente legal de Estados Unidos una vez es deportado.

El caso ha atraído amplia atención púbica en medio de la batida del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo emitió una declaración en la que dijo que el gobierno federal ha separado “cruelmente” a Villavicencio de su esposa y dos hijitas “sin razón legítima”.

Villavicencio fue detenido el 1 de junio luego que un examen rutinario de antecedentes relevó que tenía pendiente una orden de arresto por violaciones de inmigración.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo que un juez de inmigración le otorgó a Villavicencio salida voluntaria del país en marzo del 2010, pero que éste no lo hizo.

Un juez federal en Nueva Jersey ha bloqueado ya temporalmente la deportación de Villavicencio, pero éste sigue detenido por ICE.