El ejército de Myanmar se preparó sistemáticamente para atacar a la minoría musulmana del país confiscando cuchillos y otras herramientas afiladas, armando y entrenando a civiles no musulmanes y obligando a las familias rohinya a retirar las vallas protectoras de sus viviendas, dijo el jueves el grupo independiente Fortify Rights.

El informe elaborado por el grupo de derechos humanos del sudeste asiático documentó evidencias de que las autoridades se repararon para una ofensiva contra la minoría, que vive principalmente en el estado occidental de Rakhine, antes de que un grupo radical rohinya atacó un puesto de las fuerzas de seguridad birmanas a finales de agosto de 2017.

El ataque estuvo seguido de una campaña liderada por el gobierno de Myanmar que fue calificada de limpieza étnica por Naciones Unidas y Estados Unidos, y que provocó que alrededor de 700.000 rohinyas huyesen a Bangladesh.

El informe, que se basó en extensas entrevistas, señaló que el ejército de Myanmar empezó a confiscar cuchillos y otros elementos que podrían emplearse como armas o en defensa propia luego de que un grupo atacó puestos policiales en octubre de 2016. Ese incidente desencadenó ataques dirigidos por el ejército en varias aldeas y llevó a más de 94.000 personas a abandonar sus hogares, agregó.

El ejército también derribó u obligó a residentes a derribar las cercas levantadas en torno a sus viviendas, entrenó o entregó armas a ciudadanos no rohinya residentes en Rakhine y suspendió las entregas de ayuda y el acceso de los grupos humanitarios a las empobrecidas comunidades de la minoría, apuntó el reporte.

"Tomadas en conjunto, estas medidas demuestran un nivel de preparación que no se había documentado hasta ahora con respecto a las operaciones de limpieza del ejército de Myanmar”, añadió.

Según el informe, los civiles que participaron en los ataques contra los rohinya no eran vigilantes, pero estaban entrenados por el ejército, y mataron a mujeres, hombres y niños musulmanes desarmados.

"Hay motivos razonables para creer que los crímenes perpetrados en estas tres localidades del norte del estado de Rakhine constituyen un genocidio y crímenes de lesa humanidad”, concluyó el grupo.

El informe señala que altos cargos militares y policiales deberían ser considerados responsables por lo ocurrido.

El ejército de Myanmar no comentó de inmediato el reporte pero en el pasado negó haber cometido atrocidades y culpó de la violencia a los insurgentes rohinya.

Los rohinya enfrentan discriminación tanto a nivel oficial como social en Myanmar, una nación de mayoría budista, que les niega la ciudadanía y los derechos básicos a la mayoría porque son considerados migrantes procedentes de Bangladesh, aunque muchos de ellos se establecieron en suelo birmano hace varias generaciones.