El Ejército de Estados Unidos revirtió su decisión de dar de baja a un recluta inmigrante que se había enrolado con la promesa de que le abriría una vía para su naturalización, de acuerdo con documentos presentados en la corte y con su abogado.

El inmigrante brasileño Lucas Calixto interpuso una demanda contra el Ejército a fines de junio, argumentando que el Departamento de Defensa no le había dado la oportunidad de defenderse o apelar cuando fue dado de baja.

Calixto, quien vive en Massachusetts y recientemente fue promovido a soldado raso de segunda clase, es uno de docenas de reclutas y reservistas inmigrantes a los que, según abogados de inmigración, las fuerzas armadas les han dado de baja o cancelado sus contratos sin dar una explicación.

En documentos presentados en la corte el lunes, abogados del Departamento de Justicia dijeron que el ejército estadounidense decidió revocar la baja de Calixto y que esperan finalizar el proceso para el miércoles.

“Este es un primer paso importante para regresar al señor Calixto a su unidad militar, donde ha servido honorablemente por dos años, y permitirle completar su compromiso de servicio de ocho años”, dijo Douglas Baruch, abogado de Calixto, en un comunicado el martes.

El Pentágono y el Departamento de Justicia se negaron a comentar sobre la decisión, alegando el litigio en curso con respecto al programa de reclutamiento de inmigrantes y la necesidad de proteger los intereses de seguridad nacional.

El Departamento de Defensa ha tratado de reforzar los requisitos de seguridad para el programa, a través del cual los inmigrantes históricamente han prometido arriesgar sus vidas por la posibilidad de naturalizarse. Finalmente, el programa Military Accessions Vital to the National Interest fue suspendido.

“No hay personas cuyos contratos hayan sido rescindidos o dados de baja de las fuerzas militares debido a su estatus de inmigración”, indicó la mayor de la Fuerza Aérea Carla Gleason, portavoz del Pentágono. “Existen riesgos significativos de amenazas internas como el espionaje, terrorismo, y otras actividades delictivas en el programa”.

Los abogados del Departamento de Justicia calificaron al programa de reclutamiento como un “elevado riesgo de seguridad” en otro caso que involucraba a 17 reclutas nacidos en el extranjero, quienes se enlistaron al programa pero no han podido aprobar los requerimientos de seguridad adicionales. Algunos reclutas habían falsificado sus registros de antecedentes y estaban vinculados con agencias de inteligencia respaldadas por estados, indicaron los documentos presentados a la corte.