Un poderoso magistrado que dirigía la corte del mayor puerto de Perú se convirtió en el primer capturado en medio de un escándalo de corrupción que remece desde hace una semana a los más altos círculos del poder judicial, empresarial, educativo y político del país.

Walter Ríos, quien era presidente de la Corte del puerto del Callao, salió la noche del domingo engrilletado desde su casa mientras el juez supremo César Hinostroza, grabado mientras conversaba sobre la absolución o rebaja de pena para un violador sexual de una niña, fue suspendido de su cargo.

Ríos es uno de los investigados hasta el momento en una extensa y compleja red de intercambio de favores o de dinero que involucra a jueces, electores de magistrados, parlamentarios, empresarios, autoridades universitarias y al mencionado juez supremo.

La pesquisa se inició en 2017 con interceptaciones telefónicas a narcos en el Callao, el mayor puerto de Perú desde donde se exporta cocaína al mundo y escaló hasta los círculos de poder en Perú.

Los audios publicados al momento no están ligados al narcotráfico, pero sí a intercambios de favores o de dinero que expertos coinciden que en varios casos configurarían delitos de corrupción.

Los periodistas peruanos de investigación Gustavo Gorriti y Romina Mella, del portal IDL-Reporteros, iniciaron la difusión de audios hace diez días. Después también lo hizo el programa televisivo Panorama y sus efectos han provocado el anuncio del presidente Martín Vizcarra para reformar el poder judicial al que ha calificado de “descompuesto, deteriorado y pervertido”.

El escándalo también tumbó desde el viernes al ministro de Justicia Salvador Heresi, quien renunció luego que Panorama difundiera un audio donde conversaba con el cuestionado juez Hinostroza pidiéndole asesoría para reformar una ley sobre crimen organizado.

Hinostroza quien contra todo pronóstico llegó hasta la Corte Suprema de Perú, fue hace más de una década abogado de un narcotraficante y una sentencia suya debilitó en 2017 la lucha contra el lavado de activos. También ha sido acusado de plagiar su tesis y un libro.

Los miembros del consejo que deciden el ascenso o la destitución de los jueces y fiscales de Perú también están en el ojo de la tormenta porque han sido grabados coordinando favores con empresarios ligados a partidos políticos para ayudar a funcionarios judiciales, lo que está prohibido por ley.

Dos legisladores, uno del partido de Keiko Fujimori y otro que lidera el expresidente Alan García, también han sido grabados conversando con cuestionados miembros del grupo que elige a los jueces en el país y con empresarios que movían sus influencias para elegir jueces y fiscales.

Gorriti --que investigó desde los 80 a Vladimiro Montesinos, jefe de espías del expresidente Alberto Fujimori y fue secuestrado en los 90 por los militares-- calificó a la red como “organización parásita dentro del Estado” que se multiplica a costa de “debilitar y robar al resto del país”.

La publicación de las interceptaciones telefónicas de interés público, más de cuatro decenas hasta el momento, provocó que la semana pasada dos fiscales, uno de los cuáles ha sido mencionado en un audio, intenten llevarse la información de las computadoras de IDL-Reporteros, lo que al final no lograron.

La fiscalía también amenazó el jueves a los periodistas con denunciarlos por el delito de “desobediencia a la autoridad” sino delataban a sus fuentes, pero se retractó después de que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestase su preocupación por el intento de amenazar el derecho constitucional a la confidencialidad de las fuentes.

Romina Mella, investigadora principal de IDL-Reporteros, dijo a The Associated Press que la publicación de los audios “confirman de manera general la corrupción del sistema de justicia peruano y la necesidad de su total reestructuración”.