Objeciones presentadas por uno de los presuntos implicados en los sobornos de la constructora Odebrecht en República Dominicana impidieron que comenzaran las audiencias para determinar si existen pruebas para procesar a los siete acusados.

El juez de la instrucción, Francisco Ortega, tenía previsto abrir el viernes las audiencias, luego de que tras año y medio de investigación el procurador general Jean Alain Rodríguez presentó en junio cargos contra siete personas, incluidos exfuncionarios, un legislador en activo y el representante comercial de Odebrecht.

Según la acusación por prevaricación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los siete implicados se beneficiaron con los 92 millones de dólares en sobornos que la brasileña Odebrecht distribuyó entre 2001 y 2014 para conseguir contratos con el gobierno.

Andrés Bautista, uno de los implicados y expresidente del Senado, presentó el viernes una solicitud para que Ortega no sea el juez encargado del caso, al asegurar que -según declaraciones de algunos fiscales- la Procuraduría lo considera favorable a sus intereses.

“Yo creo que no debe haber jueces preferidos”, dijo Bautista a periodistas antes de comenzar la audiencia.

Para Milciades Guzmán, uno de los fiscales encargados del caso, se trata de “prácticas dilatorias del abogado (de Bautista); pretende darle largas” al juicio.

Ortega rechazó abandonar el caso, pero suspendió la audiencia para que la Suprema Corte de Justicia decida en los próximos días si designa a otro juez.

La Suprema Corte ya había desestimado en días anteriores una solicitud similar presentada por otros tres de los implicados, que consideraban que Ortega no debe presidir las audiencias, porque en 2017 ordenó prisión preventiva contra varios de los acusados.

Si al final las audiencias se considera que hay pruebas suficientes en contra de los acusados, entonces iniciará el juicio formal.

La lentitud de las investigaciones por parte del Procuraduría General y el escaso número de exfuncionarios acusados ha generado protestas callejeras por parte de grupos civiles.

El autodenominado Movimiento Marcha Verde, que surgió en enero del 2017 para demandar una investigación sobre los sobornos, estableció un campamento frente a la Procuraduría General en demanda de que las autoridades profundicen las indagatorias y todos los responsables sean procesados.

La acusación presentada por la Procuraduría destaca que ejecutivos de Odebrecht revelaron ante autoridades de Brasil y de Estados Unidos que entre 2001 y 2014 pagaron 92 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos de obras públicas.

Durante ese periodo, Odebrecht construyó 17 de las obras de infraestructura más importantes.

De forma original, la Procuraduría había sometido en mayo del 2017 a 15 personas, de las cuales una fue desvinculada semanas después, mientras algunos de los restantes permanecieron un par de meses en prisión preventiva y luego liberados bajo fianza o con impedimento de salida del país en espera de que la fiscalía concluyera su investigación y presentara los cargos.

La Procuraduría excluyó en junio de este año a ocho personas del proceso y agregó al expresidente del Senado Jesús Vásquez.

Además de los exlegisladores Bautista y Vásquez, entre los acusados se encuentra el exministro de Obras Pública Víctor Díaz, el senador oficialista Tommy Galán y el empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de Odebrecht.