Un juez federal rechazó el jueves un pedido del gobierno de Donald Trump de bloquear dos leyes de California que protegen a inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente.

El juez John Mendez, sin embargo, suspendió temporalmente partes importantes de una tercera ley santuario de California impugnada por el gobierno federal.

Las autoridades de California dicen que sus políticas promueven confianza entre las comunidades de inmigrantes y las agencias del orden. Pero el gobierno federal dice que el estado está permitiendo que delincuentes peligrosos estén en las calles.

Mendez se negó a bloquear la ley que requiere que el estado revise las instalaciones de detenciones usadas para inmigrantes y la que prohíbe que las autoridades locales del orden provean fechas de excarcelación y datos personales de personas recluidas.

Pero prohibió también que el estado implemente una tercera ley que prohíbe que las empresas den acceso a sus instalaciones a funcionarios de inmigración a menos que tengan órdenes judiciales.

La demanda federal contra California es parte de una batida contra las demarcaciones con leyes que protegen a inmigrantes que viven en el país sin autorización.

La demanda dice que la Constitución de Estados Unidos le da al gobierno federal poder preeminente para regular la inmigración y que California no puede obstruir las gestiones de las autoridades de inmigración.

Mendez, que fue nominado para el puesto por el entonces presidente George W. Bush, dijo en una audiencia en junio que no estaba convencido de que California trataba de interferir con las autoridades federales de inmigración.

Las leyes en lugar de ello parecían ser un mensaje del estado de que no quería participar en las políticas federales de inmigración, dijo Mendez.

California dijo en documentos en la corte que el gobierno federal estaba tratando de asumir poderes que se ha entendido desde hace tiempo les corresponden a los estados y que no podía demostrar que las políticas de California estaban causando daño.

Las tres leyes, dos de las cuales entraron en vigor en enero, se promulgaron tras las promesas de Trump de aumentar las deportaciones. El gobierno ha tratado de restringir los fondos federales para jurisdicciones que se nieguen a ayudar a los agentes federales a detener y deportar a inmigrantes.

California, que este año se convirtió en “estado santuario”, se ha resistido. El estado ha entablado más de 50 demandas contra el gobierno de Trump, la mayoría sobre decisiones de inmigración y política ambiental, y conseguido algunas importantes victorias en las cortes.

El estado le pidió a Mendez desestimar la demanda del gobierno.

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Thanawala reportó desde San Francisco.