El Congreso argentino aprobó una ley que establece una ayuda económica para los hijos de mujeres asesinadas, un reclamo de vieja data de las organizaciones sociales en contra de la violencia machista.

De manera unánime, los diputados aprobaron el miércoles por la noche la denominada “Ley Brisa” en referencia a Brisa Barrionuevo, una niña de la localidad de Moreno en la provincia de Buenos Aires que sufrió la pérdida de su madre, Daiana Barrionuevo, asesinada a golpes el 20 de diciembre de 2015 por su pareja, quien arrojó el cadáver a un río dentro de una bolsa.

La iniciativa ya había sido aprobada en mayo por el Senado.

“Estamos dando una respuesta política e institucional a la situación de profundo desamparo en que se hallan las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, un crimen que pone de manifiesto el rostro más extremo de la violencia de género”, dijo durante la sesión la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez.

Los legisladores recordaron que en Argentina la violencia de género se cobra una vida cada 30 horas y que los menores que se quedan sin su madre son víctimas colaterales de este fenómeno de violencia.

La reparación económica, equivalente a una jubilación mínima -que en la actualidad es de unos 8.096 pesos (281 dólares)-, se otorgará de forma mensual a los hijos hasta los 21 años y a las personas con discapacidad sin límite de edad a partir del momento en que se haya cometido el delito incluso antes de la aprobación de la norma.

El beneficio será compatible con otras asignaciones sociales de las que sean beneficiarios.

Según La Casa del Encuentro, una organización civil que asiste a las mujeres maltratadas y defiende sus derechos, en los últimos diez años se produjeron 2.679 feminicidios en Argentina, mientras que 3.378 menores quedaron sin madre.

Las manifestaciones feministas en contra de la violencia de género han ido en aumento en los últimos años en Argentina generando un caldo de cultivo para la atención de los reclamos por parte de la clase política y las instituciones.

La legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó en 2017 una ley similar a la que fue aprobada a nivel nacional.