El gobierno de Puerto Rico demandó el jueves a una junta federal de control para resolver las diferencias entre dos presupuestos rivales diseñados para sacar al territorio estadounidense de una profunda recesión.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que solicitó un interdicto para impedir que la junta imponga un presupuesto de 8.760 millones de dólares que contiene varias medidas de austeridad y acusó a la junta que supervisa las finanzas de la isla de tratar de dictar las políticas públicas.

"Nuestro norte siempre será defender a los más vulnerables en todos los foros", dijo en un comunicado.

Se espera que la demanda defina los poderes de una junta creada por el Congreso estadounidense hace dos años para supervisar las finanzas de Puerto Rico.

La demanda acusa a la junta de imponerles a los puertorriqueños sus preferencias de políticas y de controlar de forma excesiva todos los gastos presupuestarios. La querella advierte que eso pudiera incrementar el flujo de migración hacia el territorio continental de Estados Unidos, lo que reduciría la base de contribuyentes y empeoraría la situación económica y humanitaria de la isla.

La demanda es el resultado de las peleas en torno al presupuesto en la isla: uno fue aprobado por la junta, y el otro por la legislatura y sancionado por Rosselló esta semana.

Las diferencias surgieron cuando la legislatura puertorriqueña no pudo derogar una ley que protege a los trabajadores que podrían haber sido despedidos sin justa causa. La junta dice que la medida es necesaria para atraer inversionistas, y que si fuera aprobada, no reduciría las vacaciones, los asuetos por enfermedad ni el aguinaldo para los trabajadores estatales como parte de las medidas de austeridad.

Rosselló había prometido a la junta que la ley sería derogada y convocó a una sesión especial el martes, pero los senadores rechazaron su propuesta por segunda vez.

La junta dijo en un breve comunicado que aprobó un presupuesto que cumple con un plan fiscal recientemente actualizado, que incluye varias medidas de austeridad.

"(La junta) se defenderá vigorosamente en contra de cualquier demanda que trate de frustrar de la ejecución del presupuesto y el plan fiscal", dijo.

No está claro cuándo se resolverá el asunto, pero el economista Gustavo Vélez dijo a The Associated Press que la demora afectará la capacidad de la isla para recuperarse de su crisis económica y financiera.

"Eso crea incertidumbre", dijo. "Aleja la posibilidad de que llegue nueva inversión y que volvamos a los mercados de capital".

Vélez dijo que la derogación de la ley laboral no tendría un gran impacto sobre la economía puertorriqueña, a pesar de lo que dice la junta, y que ninguno de los presupuestos ayudará a solucionar la crisis.

"Sigue habiendo un exceso de gastos", dijo. "No va a tono con la realidad fiscal de Puerto Rico. No atiende nada para el pago de la deuda".

Puerto Rico intenta reestructurar una parte de su deuda pública de 70.000 millones de dólares mientras trata de recuperarse del huracán María, una tormenta de categoría 4 que azotó la isla en septiembre y dejó unos 100.000 millones de dólares en daños.