La policía allanó el miércoles las oficinas de Philips en Brasil y detuvo a dos personas vinculadas con la compañía holandesa como parte de una investigación por fraude que involucra a los servicios de salud pública, informaron las autoridades.

La fiscalía dice que decenas de compañías, entre ellas Philips, formaron un cártel para ganar e inflar contratos para suministrar equipo médico al Instituto Nacional de Traumatología y Ortopedia y al Departamento de Salud de Río de Janeiro.

El instituto canalizó las peticiones de comentarios al Ministerio de Salud, que dijo que el instituto está preparado para proporcionar a las autoridades cualquier información solicitada sobre el caso. El Departamento de Salud indicó en un comunicado que las acusaciones datan de antes de 2016 y que está dispuesto para brindar cualquier explicación que sea necesaria a las autoridades.

La investigación es parte de una pesquisa más grande por corrupción que se ha enfocado en los contratos estatales inflados con las constructoras. La investigación, conocida como Autolavado, ha sacudido a la élite de Brasil, dando como resultado el encarcelamiento de muchos de sus empresarios más poderosos y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La policía dijo que había ejecutado exitosamente las 43 órdenes de allanamiento emitidas y 20 de las 22 órdenes de arresto. No especificó quién seguía prófugo. Los fiscales dijeron que las órdenes de registro eran en 44 direcciones. El juez también ordenó que un exsecretario de salud de Río de Janeiro fuera interrogado, pero la policía no confirmó si ya se había hecho.

Entre las órdenes de arresto que se emitieron había órdenes de arresto temporal para el director del instituto gubernamental y para dos personas vinculadas con Philips, que fabrica equipo médico además de electrodomésticos. Bajo los arrestos temporales, los sujetos son detenidos durante un periodo determinado que suele aprovecharse para que los investigadores reúnan evidencia.

Uno de los detenidos es un exejecutivo de Philips que ahora es director general de General Electric para Latinoamérica. GE apuntó que las acusaciones datan de tiempo antes de que comenzara la relación laboral del ejecutivo con la compañía. Indicó que está “profundamente comprometida con la integridad, con la observancia y con el estado de derecho en todos los países en los que opera”.

El otro es un actual empleado del equipo de ventas de Philips. La compañía dijo que había sido detenido para ser interrogado, aunque los fiscales dijeron que era una detención temporal.

Philips dijo que coopera con las autoridades y que todavía no tiene acceso a documentos del caso. Agregó que las acusaciones se desprendieron de hace varios años. Los fiscales dicen que la investigación del instituto es por un posible fraude entre 1996 y 2017.

“Cualquier investigación sobre la posible violación de estas leyes se toma muy en serio por parte de la compañía”, dijo Philips en un comunicado.

Los fiscales alegan que los empleados de las compañías de tecnología médica Stryker y Drager también participaron en el plan. Stryker, con sede en Estados Unidos, dijo que coopera con las autoridades y que está “comprometida a realizar negocios de manera ética y en conformidad con todas las leyes”. Por su parte, Drager, con sede en Alemania, no respondió de inmediato la petición de comentario.