Gabriel Cañas, un conductor salvadoreño de autobuses que huyó de su país después que pandilleros de la MS-13 asaltaron su vehículo, llegó a la primera entrevista para su solicitud de asilo en Estados Unidos en las peores circunstancias.

No hablaba con su hija de 9 años desde que la Patrulla Fronteriza los separó, dos semanas antes. Y en ese lapso lo trasladaron varias veces de un centro de detención a otro.

“El día que tuve mi entrevista, no estaba bien porque se habían llevado a mi hija. Me sentí muy mal. No sabía dónde estaba, no había hablado con ella”, dijo Cañas al juez en el Centro de Detención Port Elizabeth en Texas, donde aguardan su destino los padres de más de 2.000 niños separados de sus familias bajo la política de “tolerancia cero” del gobierno de Donald Trump.

Su caso ilustra una de las consecuencias de la separación a la que se ha pasado por alto.

Algunos inmigrantes dijeron que asistieron a las primeras entrevistas sobre su pedido de asilo cuando estaban consternados por la pérdida de sus hijos. Las entrevistas pueden tener consecuencias drásticas, porque son cruciales para determinar si una familia no puede regresar a su país a salvo.

Recién después de la primera entrevista, Cañas supo por boca de un abogado qué había sucedido a su hija. El funcionario que lo entrevistó emitió una orden de deportación, y el lunes siguiente un juez la ratificó.

El juez dijo que según las nuevas normas del Departamento de Justicia, la violencia pandillera no basta para otorgar asilo. Pero Cañas dice que el problema fue su mal desempeño en la entrevista, y solicitará otra.

Los abogados que ayudan voluntariamente a los inmigrantes dicen que los padres, angustiados por la pérdida de sus hijos y sin saber cuándo volverán a verlos, están en desventaja cuando enfrentan a los funcionarios de asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía.

Las llamadas entrevistas de miedo creíble en Port Isabel se realizan por teléfono en las dos a cuatro semanas siguientes al arresto y duran entre 45 y 90 minutos, según la abogada Jodi Goodwin. La respuesta suele tardar una semana.

Para salvar el obstáculo inicial, el solicitante de asilo debe demostrar que tiene pruebas de que ha sido perseguido o lo será por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.

Se lo juzga en parte por la coherencia de sus declaraciones a los inspectores de frontera en el momento del arresto. Los abogados dicen que muchos solicitantes de asilo hablan por medio de traductores y en su confusión, ocultan detalles que pueden ser útiles para sus casos.

Muchos padres solo han podido hablar con sus hijos por teléfono y tienen escasa información sobre su estado y paradero.

Los riesgos de las entrevistas no conmueven a los partidarios de una política dura contra los inmigrantes. Muchos consideran que el proceso de asilo es una broma, que incita al fraude por parte de los migrantes que exageran sus denuncias y explotan las rendijas de la ley con tal de entrar al país.

La abogada Norma Sepúlveda representa a una decena de padres detenidos en Port Isabel, Cañas entre ellos.

“Lo primero que le dijo al agente de asilo fue, ¿sabe dónde está mi hija?”, dijo Sepúlveda, que halló a la niña en Arizona, adonde la habían trasladado desde Chicago.

Cañas espera reunirse con ella y juntarse con sus padres, que tienen la residencia legal, y su hermana, que es ciudadana. Tiene escasas probabilidades, dijo Sepúlveda, pero pedirá una nueva entrevista.

“El propósito de venir aquí era salvar mi vida y la de mi hija. Eso es todo”, dijo.