Luis y Fabiola
Luis Solórzano y su mujer Fabiola, dos ciudadanos ecuatorianos afectados por la ley hipotecaria en España. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR

El Defensor del Pueblo de Ecuador ha impulsado una demanda contra la legislación española en materia de ejecuciones hipotecarias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al considerar que vulnera los derechos fundamentales.

Esta institución ecuatoriana ha encontrado, junto a un grupo de juristas que estudian los casos de ejecuciones hipotecarias, varias causas de violación de derechos y privación de justicia en casos como el de Luis Solórzano, un ecuatoriano residente en España que ya ha agotado todas las instancias judiciales en territorio español y se ve obligado a abandonar su vivienda.

Tomando esta situación como ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador solicita al Tribunal Europeo de DD HH que se pronuncie en el 'caso Solórzano' y a través de él siente antecedente ante el drama de las hipotecas en España.

A su vez, ha solicitado que este tribunal inste al España a cambiar su normativa en materia de vivienda, ya que considera que esta ley hipotecaria "está provocando la violación constante de Derechos Humanos", aseguran en un comunicado.

Una historia personal genera la demanda

El caso desencadenante de esta demanda responde a la historia de Luis y Fabiola, ciudadanos ecuatorianos que llegaron a España en 1999 y años después regularizaron su situación migratoria: él trabajando en la construcción y ella en el servicio doméstico.

Una cláusula autoriza al banco a desahuciar ante el impago de las letras del préstamo En el año 2005, Luis firmó un préstamo hipotecario con un banco para adquirir un piso en el que vivir con su mujer y sus dos hijos—el menor de ellos nacido en España—. El préstamo se formalizó por un valor de 173.000 euros, que se dedica íntegramente al pago de la vivienda, calificada en el momento de formalizar la hipoteca como Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Sin embargo, una cláusula adicional de la escritura del préstamo hipotecario autoriza al banco de manera irrevocable para que "en el momento en que la entidad lo considere conveniente, pueda pedir, en nombre del titular del inmueble, la descalificación del régimen de vivienda de protección oficial y así poder rematarla".

Por si fuera poco, el banco también estableció en la escritura causas adicionales para el procedimiento de ejecución hipotecaria directa como el impago de las letras del préstamo o el alquiler sin expresa autorización al banco, entre otras causas.

En el 'caso Solórzano', como lo denomina el Defensor del Pueblo, queda patente "la indefensión del hipotecado, desde el momento de la firma hasta la ejecución hipotecaria —sin posibilidades de impugnar por sus derechos fundamentales y sin derecho a la defensa—".

Además, denuncia las "prácticas abusivas a nivel financiero" que en opinión de esta institución "condena a las familias a la expulsión social y pobreza, emergencia habitacional, privación de derechos a la educación y salud, entre otros".

La demanda contra la legislación española no será la única ni la última. "La lucha arranca en España, pero es el punto de partida de un objetivo mucho más ambicioso: plantear la defensa de los ciudadanos de todo el mundo", concluye el Defensor del Pueblo de Ecuador.