Junta federal anuncia más austeridad para Puerto Rico

Nuevas medidas de austeridad se ciernen sobre Puerto Rico, luego de que los legisladores locales se negaron el viernes a cambiar las leyes laborales de la isla como lo había ordenado una junta...

Nuevas medidas de austeridad se ciernen sobre Puerto Rico, luego de que los legisladores locales se negaron el viernes a cambiar las leyes laborales de la isla como lo había ordenado una junta federal de control con el fin de estimular la economía.

La junta encargada de supervisar las finanzas de la isla dijo que eliminará un fondo de 25 millones de dólares en becas para la universidad pública más grande de Puerto Rico, además de un fondo anual de 50 millones para las municipalidades y ciudades que siguen sufriendo los estragos ocasionados por el huracán María. Asimismo, dijo que suspenderá una bonificación navideña anual para todos los empleados del gobierno, a partir del próximo año fiscal.

Las medidas son un golpe para el gobernador Ricardo Rosselló, quien había prometido que los legisladores puertorriqueños aceptarían una medida para que las empresas privadas pudieran despedir a empleados en cualquier momento sin tener que probar causa justa.

Rosselló exhortó a la junta y a los legisladores a llegar a un acuerdo y tomar lo que él describió como decisiones “prudentes”.

Los miembros de la junta han dicho que cambiar las leyes laborales atraería inversiones para la isla, la cual lleva 11 años sumida en recesión e intenta reestructurar una porción de su deuda pública de 70.000 millones de dólares y carga con pasivos de casi 50.000 millones de dólares en pensiones.

“Las decisiones tomadas durante décadas nos han llevado hasta este punto”, dijo Ana Matosantos, miembro de la junta, a los periodistas el viernes. “Ahora se necesitan profundos recortes a programas, servicios y a la deuda, así como a aumentar los ingresos, reformar infraestructura crítica, modernizar estructuras obsoletas del gobierno y eliminar barreras a la creación de empleos... Estas decisiones difíciles no son culpa de la junta, o del actual gobierno. Más bien, son el resultado de décadas de negligencia y de mala gestión financiera”.

Por su parte, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, que hizo campaña contra los cambios en las leyes laborales, emitió una enérgica declaración el viernes en la que defendió su posición y criticó a la junta.

“Amenazan sin justificación ni fundamento económico alguno, con eliminar el bono de Navidad, las vacaciones, la seguridad en el empleo del trabajador del sector privado, becas para estudiantes, fondos para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, entre otras partidas importantes. Amenazan con ser peores que el huracán María”, dijo Schatz.

Puerto Rico aún trata de recuperarse del paso del huracán el 20 de septiembre del año paso, que causó daños estimados en más de 100.000 millones de dólares en la isla. Más de 2.300 usuarios siguen sin electricidad y decenas de miles de negocios cerraron luego que muchas personas abandonaron la isla.

Aunque se prevé que Puerto Rico registre un breve crecimiento económico debido a la inyección de fondos federales de reconstrucción asignados tras el paso del huracán, el economista José Carballo le dijo a la Associated Press que la isla volverá a tener una depresión económica si no se implementan medidas adicionales dirigidas al desarrollo.

“La contracción y el impacto social va a ser más duro ahora que antes... esto no es equitativo. Prácticamente va dirigida a la clase media y a la clase baja”, declaró.

El desacuerdo entre la junta y ciertos legisladores sobre cambios a las leyes laborales se produce en momentos en que se espera que el gobierno apruebe una propuesta presupuestaria de 8.700 millones de dólares el viernes, que contiene 69 millones para las bonificaciones navideñas.

La junta dijo que implementaría su propio presupuesto para Puerto Rico si los legisladores no entregan una propuesta para el sábado que sea congruente con un plan fiscal recientemente aprobado.