Cambio de ruta de migrantes a Europa afecta España

El júbilo se dibujaba en el rostro de Askanda Fopa Ponye al desembarcar de un buque de rescate, uno de los arribos más recientes en una ola creciente de migrantes en la ruta más corta de África a...

El júbilo se dibujaba en el rostro de Askanda Fopa Ponye al desembarcar de un buque de rescate, uno de los arribos más recientes en una ola creciente de migrantes en la ruta más corta de África a Europa y que se ha convertido en la más transitada.

El camerunés de 24 años culminaba así una ardua travesía de nueve meses a través del continente africano y de 10 horas en el Mediterráneo, que cruzó desde Marruecos en un frágil bote inflable de remos que compró con otras siete personas.

Al desembarcar por fin en Algeciras junto con otras 74 personas, Fopa Ponye no poseía otra cosa que la ropa mojada que llevaba puesta, la resolución de encontrar trabajo en Barcelona y un mensaje para los gobernantes europeos que quieren endurecer las normas y reducir el número de los que buscan una vida mejor.

“Los inmigrantes no vienen aquí a hacer cosas malas. Yo no vengo aquí a buscar problemas”, dijo ante el trasfondo del imponente Peñón de Gibraltar y el puerto con sus yates lujosos.

Las 17.781 personas que han llegado al sur de España en lo que va del año superan los arribos por mar a Italia (16.452) o Grecia (13.120), de acuerdo con las cifras más recientes de ACNUR, la comisión de la ONU para los refugiados. De los 972 que murieron en el mar, casi un tercio (292) perdió la vida en el intento de llegar a España.

Y aunque la cifra de migrantes económicos y solicitantes de asilo en Europa han disminuido después del pico de 2015, la renovada popularidad de la llamada ruta del Mediterráneo occidental pone a prueba tanto a las fuerzas de seguridad como a las redes del seguro social de España.

Desbordadas las instalaciones policiales y de atención de menores en Cádiz, la provincia más austral de España, las autoridades recurren a instituciones deportivas, albergues e incluso terminales portuarias.

El martes, el día que rescataron a Fopa Ponye, había más de 600 personas en el centro deportivo de Tarifa, algunas oriundas de lugares tan lejanos como Bangladesh o Sri Lanka. Mujeres, algunas embarazadas o con niños recién nacidos, dormían en una cancha de baloncesto que compartían con decenas de adolescentes no acompañados.

Para el miércoles, Tarifa estaba desbordada y las autoridades tuvieron que habilitar una nueva instalación en la vecina Barbate. Hubo momentos de tensión el jueves cuando decenas de marroquíes se abalanzaron hacia una salida para huir de la policía.

España tiene acuerdos bilaterales con Marruecos, Argelia y otros países africanos para devolverles a sus ciudadanos, por lo cual es casi imposible para los oriundos de esos países obtener asilo. Pero la mayoría de los africanos subsaharianos y otros que arriban al país reciben una orden de expulsión que las autoridades rara vez pueden ejecutar.

La mayoría queda en libertad y sigue viaje hacia Francia u otros países. Entre los que se quedan _a la espera de asilo y sin poder trabajar_ unos pocos viven de la asistencia pública por hasta dos años. Pero muchos acaban en la calle o a merced de los criminales. Los gobiernos locales, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, les brindan ayuda limitada en materia de alojamiento, para lo cual suelen recurrir a organizaciones de caridad.

Activistas y ONG dicen que es necesario elaborar una estrategia. La oleada de principios de verano _casi 5.000 por barco desde el 11 de junio, según la Organización Internacional de Migración_ pone de manifiesto que la respuesta española es escasa en equipos y fondos y se apoya excesivamente en la improvisación.

Al mismo tiempo, resurge el debate sobre la inmigración que divide a Europa. Una cumbre de la UE en Bruselas el jueves y viernes estudia el papel central de España como puente desde países que son puntos de origen o de tránsito en las rutas de migración.

Los acuerdos de cooperación con fondos y entrenamiento para guardias costeras de Senegal y otros países resultaron cruciales en 2006 para reducir la afluencia de casi 32.000 personas a las Islas Canarias.

Pero la estrategia española se ha visto alterada por un sistema de asilo que acumula más de 43.000 solicitudes pendientes _4.670 personas lo recibieron el año pasado_ y las controvertidas deportaciones sumarias de migrantes que entran a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el norte de África.

El reverendo Josep Buades, un sacerdote jesuita que visita a los migrantes en algunos de los centros de detención conocidos como CIE, dijo que “la experiencia de España no es un ejemplo de éxito, debería ser una llamada de atención de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea”.

Esta semana se negó el acceso de The Associated Press a los CIE en Tarifa y Algeciras, esta última una antigua cárcel que según la oficina del defensor público se debería clausurar debido a sus malas condiciones. Estos centros, regentados por la policía con escasa supervisión pública, parecen ser modelos para instalaciones similares que se propone crear en países de Europa u otras partes.

José Villahoz, quien dirige la ONG Algeciras Acoge, dijo que la UE no debería buscar la manera de privar a los migrantes de su libertad.

“Que se establezca algún tipo de centros en los países africanos nos parece de extrema gravedad, porque sabemos que es dudoso que se respeten los derechos de las personas”, dijo Villahoz, quien consideró “lamentable” responsabilizar a esos países por los flujos migratorios hacia Europa.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que estudiará cómo mejorar los CIE, pero no hay planes para cerrarlos.

Elogiado semanas atrás por aceptar a los 629 migrantes del buque de rescate Aquarius rechazados por Italia y Malta, el nuevo gobierno de centroizquierda estaba bajo presión para responder de igual manera a los arribos casi diarios a las costas del sur.

Sánchez anticipa una nueva oleada hacia España con su mensaje en Bruselas de que la UE no ha sabido ayudar a Italia y Grecia en la crisis de migración, y que el bloque debería hacerse cargo de las costas del Mediterráneo.

Pero el debate europeo parece muy lejano en el “sur del sur” de la UE, como llama Villahoz a la costa andaluza. Todos los ojos están puestos en las negociaciones con Marruecos, al que muchos en España culpan por abrir o cerrar las válvulas en sus costas de cara a las negociaciones con la UE sobre pesca, agricultura y otros temas.

El jueves, Sánchez envió a sus ministros del Interior y Exterior a Marruecos para reuniones con sus contrapartes, y el presidente mismo prevé hacerlo en las próximas semanas.

El director marroquí de migración y vigilancia fronteriza, Khalid Zerouali, dijo que su país sufre nuevas presiones al cerrarse la ruta de Libia a Italia.

También dijo en entrevista con la AP que a Marruecos no le interesa determinar cuáles migrantes pueden solicitar asilo en Europa. La UE está discutiendo un plan de tomar esas decisiones en ciertos países africanos para reducir los arribos.

“Ésa no es la solución”, dijo Zerouali, porque mucha gente usa el reino norafricano como punto de partida hacia España. Añadió que se ha detenido a unos 25.000 migrantes este año.

El sacerdote Buades dijo que Europa debería estudiar políticas de migración legal a la vez que repensar el sistema general de asilo y el trato de los que arriban.

Pero eso es difícil en el clima político reinante, añadió.

“Pretender mejorar el sistema en este momento es muy difícil porque estamos en una Europa donde han crecido los discursos de corte xenófobo y populista”, dijo Buades.