Con el apoyo de las autoridades estadounidenses, El Salvador capturó el jueves a un exagente de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil implicado en el asesinato de una mujer policía.

Carlos Alberto Flores Fernández, conocido como “el soldado”, ya era requerido por la justicia salvadoreña y fue detenido cuando trató de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Después de los trámites correspondientes fue deportado y capturado a su llegada al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero, 34 kilómetros al sureste de la capital.

Según la Fiscalía General, Flores Fernández, quien abandonó la policía sin previo aviso porque presumiblemente ya sabía que estaba siendo investigado, fue detenido por las autoridades de migración de Estados Unidos el 5 de mayo al intentar ingresar a ese país de manera ilegal.

La Jefa de la Unidad Especializada Antihomicidios y Antipandillas, Guadalupe Echeverría, dijo a los periodistas que el expolicía está acusado de ayudar escapar a su compañero Juan Josué Castillo Arévalo luego de haber lesionado de bala y desaparecer a la agente Carla Ayala la madrugada del 29 de diciembre después de participar en una fiesta navideña en la sede del Grupo de Reacción Policial (GRP).

En el crimen están implicados el jefe del GRP, Julio César Flores Castro, otros siete agentes de menor rango y tres civiles. Entre los implicados en el crimen sólo siguen prófugos el supuesto asesino --el policía Juan Josué Castillo Arévalo-- y el inspector Pablo Antonio Estrada Villalobos, quien según la Fiscalía tenía a su cargo la misión de capturar a Castillo Arévalo el día que ocurrieron los hechos, cosa que no hizo.

El subdirector de investigaciones de la policía salvadoreña dijo al presentar al detenido que al establecer la posibilidad de que había salido del país se dio aviso a las policías de los países vecinos y de Estados Unidos y fue detenido por la patrulla fronteriza en el estado de Texas.

El antiguo miembro de la unidad elite GRP se defendió de las acusaciones y aseguró que abandonó su trabajo “por motivos personales, porque mi familia tenía tres años de estarme rogando que me fuera para Estados Unidos, porque aquí no tengo familiares”.

“Yo me fui a los Estados Unidos con la idea de que si era capturado en la frontera, pedir asilo, porque hasta donde yo sabía no tenía ningún delito, ni le debía nada a la justicia”, afirmó el expolicía.

Según la Fiscalía, las investigaciones han determinado que el jefe del GRP tiene responsabilidad “por no actuar”, al igual que los policías que le dieron protección para que no fuera capturado cuando huyó.

Las Fiscalía pidió que el caso fuera procesado como feminicidio, pero el juez de San Salvador, Carlos Béndix, consideró que las pruebas presentadas apuntaban a un homicidio agravado y recordó que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidio.

El caso generó gran resonancia en un país que según organismos defensores de los derechos humanos experimenta un incremento de casos de muerte violenta de mujeres en lo que va del año. Según estadísticas oficiales, hasta ahora se han registrado más de 160 homicidios de mujeres, superando los 127 casos contabilizados en el mismo periodo de 2017.

La Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz --que cita cifras de la Policía Nacional Civil-- señaló que en el primer trimestre de 2018 se registraron 114 feminicidios y que 78% de estas mujeres fueron asesinadas con armas de fuego. Advirtió que ello implica un incremento de 20% en los crímenes de mujeres en comparación con el mismo periodo de 2017.