El gobierno argentino se comprometió a reducir el déficit fiscal mediante el recorte del empleo público, los subsidios a la energía y la obra pública en la carta de intención que envió al Fondo Monetario Internacional tras acordar recientemente un préstamo por 50.000 millones de dólares.

En la carta y los memorandos de políticas económicas y entendimiento técnico difundidos el jueves por el Ministerio de Hacienda, el gobierno afirmó que su plan económico para lograr el equilibrio presupuestario “es sólido, ayudará a construir confianza y reducir la incertidumbre y fortalecerá la economía”.

El organismo y las autoridades argentinas acordaron el 7 de junio un préstamo “stand-by” excepcional de 36 meses de plazo por 50.000 millones de dólares luego de que el país fuera sacudido en mayo por una crisis cambiaria durante la cual el peso sufrió una devaluación de más del 20% que obligó al Banco Central a vender miles de millones de dólares de reservas.

El presidente Mauricio Macri defendió el acuerdo con el Fondo -muy resistido por organizaciones sociales, sindicatos y opositores- al señalar que el préstamo impedirá una crisis económica de mayor magnitud.

“Reafirmamos nuestro compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal y llevaremos a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020”, dijeron las autoridades en la carta enviada al Fondo.

Señalaron al respecto que está previsto un déficit primario de 2,7% del Producto Interno Bruto en 2018 y que en octubre enviará al Congreso el proyecto de Ley de presupuesto que apunta a un déficit primario de 1,3% en 2019.

Para conseguir esos objetivos fiscales el gobierno señaló que continuará reduciendo los subsidios a la energía y el transporte heredados de la gestión anterior, medida que en los últimos meses determinó un fuerte e impopular encarecimiento de las tarifas de gas y luz. Las autoridades acotaron que garantizarán la llamada tarifa social para proteger a los sectores más vulnerables.

El Ejecutivo también se propuso “racionalizar el empleo público, a través de no renovar cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar las posiciones redundantes”.

“Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa”, indicó.

Asimismo anunció que reducirá el gasto en compras de bienes y servicios un 15% en términos reales durante 2018 y pospondrá aquellos proyectos de obra pública que no sean esenciales.

Por otro lado, indicó que trabajará “con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo”.

Además se compromete a mejorar la estructura fiscal federal y reducir las transferencias discrecionales a las provincias.

“Si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales”, acotó el gobierno.

En un apartado sobre la pobreza, que según cifras oficiales afecta a casi 26% de la población, el gobierno dijo que concentrará sus esfuerzos en la protección de niños y jóvenes.

“En el improbable caso de que la situación social se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales a nuestros programas de asistencia social más efectivos”, sostuvo.

Otra de las cuestiones que se abordan es la modificación de la carta orgánica del Banco Central para que no asista más al Tesoro y se reduzca así la inflación. El gobierno señaló que la meta inflacionaria será igual o inferior al 27% este año y luego 17%, 13% y 9% en los siguientes tres años.

Organizaciones sociales, sindicatos y partidos opositores están en contra del acuerdo con el FMI del que Argentina ha recibido varios préstamos y al que perciben como responsable de la crisis económica y social de fines de 2001.