Las autoridades de inmigración de Estados Unidos otorgaron el jueves un aplazamiento de seis meses a un hondureño que estaba a punto de ser deportado, una medida que sus partidarios dicen será insuficiente para permitirle someterse a un trasplante renal que ya está programado.

Decenas de personas, incluido el gobernador demócrata Dannel P. Malloy, se manifestaron frente a las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Hartford en respaldo de Nelson Rosales Santos, de 49 años, quien iba a ser deportado a Honduras el lunes a pesar de que padece falla renal avanzada.

Algunos sostenían letreros que rezaban: “¿Dónde está nuestra humanidad?” y “Dejen de separar a las familias”.

Las autoridades del ICE le hicieron llegar a Santos el aviso de la suspensión de la deportación unas horas antes de la protesta.

“Este caso debería ser manejado en forma distinta”, dijo Malloy. “Después de todo, nuestro presidente y nuestro secretario de Justicia nos dijeron que sólo iban a perseguir a los ‘bad hombres’. Bueno, él (Santos) no es un ‘bad hombre’”.

Familiares y partidarios dicen que Santos ingresó ilegalmente al país, pero ha vivido en Stamford por 30 años, está casado con una estadounidense y tiene tres hijos _ de 19, 14 y 11 años _ nacidos en Estados Unidos

Dijeron que padece diabetes e hipertensión, y que sus riñones no funcionan adecuadamente, por lo que requiere diálisis cada dos días.

Si Santos es forzado a regresar a Honduras, un país que no ha visto en tres décadas, no tendría acceso inmediato a diálisis y casi seguramente estaría muerto en una semana, dijo su abogado, Glenn Formica.

"No quiero morir”, dijo Santos el jueves. “Mis hijos y mi esposa me necesitan”.

Las autoridades federales de inmigración no comentaron por el momento sobre la situación.

Santos trabaja como chef y ha recibido rutinariamente permisos temporales para seguir en el país, dicen sus partidarios.

Su esposa solicitó exitosamente a las autoridades de inmigración que permitiesen que su esposo fuese considerado para la residencia permanente. Pero debido a la orden de deportación que se remonta 30 años atrás, se le dijo que él tiene que salir del país durante el proceso, dijo Catalina Horak, que trabaja a nombre de Santos con el grupo de respaldo a inmigrantes Building One Community.

Formica dijo que había presentado dos pedidos separados de aplazamiento de la deportación. El primero, ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, argumenta que la orden original de deportación es defectuosa. La segunda, ante el ICE, solicita el aplazamiento humanitario para permitir que Santos sea operado. Dijo que intentará ampliar el plazo a cuando menos 12 meses.

"Yo simplemente no creo que seamos un país tan despiadado”, dijo Formica antes de conocerse el aplazamiento. “Pero esta política indica otra cosa”.

Santos, que tiene un seguro médico privado a través de su esposa, tenía programado el trasplante para este mes, pero los médicos le dijeron que no procederían hasta que recibiesen garantías de que estaría disponible durante 12 meses para visitas postoperatorias y tratamiento, dijo Horak.

Santos está dispuesto a salir del país como se requiere mientras aguarda la residencia permanente, pero no puede hacerlo hasta que se resuelva su situación médica.

“Trabaja, tiene un seguro, tiene un donador privado”, señaló Horak. “No está haciendo esto con el dinero de alguien más. Tiene una ruta para legalizar su situación. Eso es lo que hace que este caso sea tan apremiante”.

Santos agradeció a sus partidarios en la protesta y le envió un mensaje al presidente Donald Trump.

“Trate de ser amable con la gente”, señaló.