El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien es requerido por la justicia de su país para enfrentar acusaciones de corrupción y espionaje, notificó formalmente a un tribunal de Estados Unidos que ya no seguirá adelante con sus apelaciones y aceptará ser repatriado si así lo decide el Departamento de Estado.

Martinelli lo hizo a través de un documento que su abogado John Byrne presentó el jueves en la noche ante la Corte de Apelaciones de Atlanta.

“La decisión del presidente Martinelli es desistir de la apelación”, manifestó el viernes a la AP su portavoz, Luis Eduardo Camacho. “Al departamento de Estado le toca decidir si extraditarlo o no... y si la decisión es extraditarlo, lo extraditan”, aseguró en una entrevista telefónica desde Panamá.

Martinelli, un acaudalado empresario de 66 años, fue detenido hace casi un año en su casa de la vecina ciudad de Coral Gables y desde entonces permanece en una prisión federal del centro de Miami. A lo largo de este tiempo ha librado una batalla judicial con la justicia estadounidense para evitar su extradición. Con anterioridad había pedido asilo político en Estados Unidos.

En Panamá enfrenta cargos de corrupción y espionaje a adversarios políticos durante su mandato, entre 2009 y 2014. Martinelli niega las acusaciones y ha dicho que son parte de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela.

En Estados Unidos el juez federal de primera instancia Edwin Torres determinó que el expresidente era extraditable. Luego una segunda magistrada, Marcia Cooke, ratificó en enero esa decisión, y Martinelli apeló ante la Corte de Atlanta.

En la moción de seis páginas sellada a la que tuvo acceso la AP, Martinelli dice que continuará desafiando su extradición “por otras vías”, en alusión al Departamento de Estado.

Su portavoz, Camacho, explicó que la moción busca que los jueces autoricen el retiro de apelación.

La Corte de Apelaciones de Atlanta aún deberá informar sobre su decisión. Si acepta el pedido de Martinelli, el Departamento de Justicia debería notificar al Departamento de Estado la decisión del juez Torres de considerar a Martinelli como extraditable.

Las autoridades de su país solicitaron su arresto después que el expresidente optó por no presentarse en diciembre de 2015 a una audiencia judicial para enfrentar acusaciones sobre la presunta creación de un sistema ilegal de interceptaciones telefónicas y de otras conversaciones.

El pedido de extradición está fundamentado en cuatro acusaciones de que mientras era presidente, con la ayuda de otras tres personas, compró dos sets de equipos especiales a dos compañías israelíes por más de 21 millones de dólares para crear un presunto sistema ilegal de interceptaciones de conversaciones de más de un centenar de personas, entre ellas opositores políticos, líderes sindicales, empresarios y periodistas críticos de su administración.

Los sistemas podían acceder a información de teléfonos celulares, incluyendo llamadas, calendarios, mensajes de texto y correo electrónico, la cámara y el micrófono. De acuerdo con la fiscalía, violaban la privacidad de panameños y no panameños al recoger información sin ningún tipo de procedimiento ni permiso legal y por razones que no estaban relacionadas con la seguridad.

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El periodista de The Associated Press, Juan Zamorano, contribuyó con esta información desde Panamá.