La directora ejecutiva de la junta federal de control que supervisa las finanzas públicas de Puerto Rico dijo el miércoles que habrá un monto menor disponible para los acreedores, mientras que una aseguradora de bonos interpuso una demanda que busca anular un plan fiscal encaminado a sacar a la isla de su crisis económica.

Natalie Jaresko comentó a la prensa que el gobierno de Puerto Rico podría tener un superávit de 35.000 millones de dólares en los próximos 30 años, 4.000 millones menos de lo planeado originalmente en el plan fiscal aprobado recientemente por la junta. Apuntó que no todo el dinero iría necesariamente a los acreedores que buscan recuperar una parte de su inversión en bonos de Puerto Rico, mientras el gobierno trata de restructurar una porción de los más de 70.000 millones de dólares que tiene en deuda pública en un contexto de recesión que comenzó hace 11 años.

“Es una base para lo que está disponible”, señaló Jaresko.

Por otra parte, la empresa Assured Guaranty Corp., que aseguró 1.400 millones de dólares en bonos de obligación general de Puerto Rico, interpuso una demanda el miércoles en la que le pide a un juez que invalide el plan fiscal. Argumentó que la junta no tenía el poder para desarrollar o aprobar dicho plan, que fungirá como una especie de modelo para la economía de Puerto Rico en los próximos años.

La denuncia también alega que el gobierno puertorriqueño no ha utilizado los 147 millones de dólares que recibió en fondos que le fueron canalizados cuando advirtió de una crisis de liquidez en medio de la crisis, y calificó la acción como “una táctica cínica para ganar ventaja en las negociaciones de restructuración”.

Un portavoz de la autoridad financiera de Puerto Rico, que también es nombrado en la demanda, no respondió un mensaje en busca de comentarios. Jaresko dijo que no comentaría sobre una disputa pendiente, aunque agregó que cree que la junta tiene la autoridad para certificar e implementar el plan fiscal.

La junta, que fue creada por el Congreso de Estados Unidos, está revisando el plan para incorporar los cambios alcanzados en un acuerdo con el gobernador Ricardo Rosselló hace unos días, incluido el revocar una decisión para eliminar un bono de Navidad y reducir las vacaciones y las faltas autorizadas por enfermedad para los funcionarios públicos. Ello solo ocurriría si la legislatura de Puerto Rico acepta las condiciones de empleo a voluntad, en el que los empleadores privados podrían despedir a los trabajadores en cualquier momento sin tener que demostrar una causa justa.

Jaresko advirtió que Puerto Rico sufriría si los legisladores no votan a favor de ese cambio.

“Desafortunadamente garantiza que Puerto Rico permanecerá... en la pobreza”, indicó Jaresko, y agregó que tiene “la esperanza de que la legislatura entienda que tiene un papel muy importante en devolver a Puerto Rico a este camino tan esperanzador”.

Los principales legisladores dijeron el martes que tienen varias preocupaciones sobre el empleo a voluntad.

La junta ha dicho que para el 29 de junio espera aprobar el plan fiscal revisado y una propuesta de presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal.