David Montenegro trabajó en restaurantes y aprovechó la matrícula reducida para obtener un título universitario en Arizona. Ahora que cursa el último año y está por alcanzar la meta de graduarse de maestro, el inmigrante mexicano de 29 años _traído a Estados Unidos a los 11 años de edad_ enfrenta un nuevo obstáculo.

Montenegro y más de 2.300 estudiantes de universidades públicas de Arizona que se beneficiaron del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), tendrán que pagar miles de dólares más de matrícula anual después de un fallo de la Corte Suprema estatal, que los declaró inhabilitados para recibir el descuento de los residentes del estado.

Los estudiantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos no pueden obtener préstamos federales, pero existen becas privadas como TheDream.US y Golden Doors Scholars para los beneficiarios del DACA, conocidos también como “dreamers” debido a un proyecto de ley nunca aprobado llamado DREAM-Act, que según sus oponentes premia a gente que violó la ley y alienta la inmigración ilegal.

Montenegro dijo que en la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés) le ayudaron a conseguir ayuda de donantes para terminar su último año y "debería poder lograrlo".

Sin embargo, él y otros dijeron temer los prejuicios antiinmigrantes que crecen en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, cuyo plan de gobierno incluye como elemento crucial el endurecimiento de las leyes contra la inmigración.

"Es perturbador saber que hay gente empeñada en hacernos la vida imposible", dijo Montenegro.

Vasthy Lamadrid, otro “dreamer” en ASU, dijo que sintió "mucha ansiedad y estrés" al conocer la decisión. "Algunos estudiantes reaccionan trastornados y se preguntan si tendrán que irse del estado o buscar otros fondos", dijo el estudiante de 22 años.

La procuraduría de Arizona demandó al distrito de universitario de Maricopa en 2013 con el argumento de que otorgar el descuento en la matrícula a los beneficiarios de DACA viola una norma de 2006 según la cual solo las personas que estatus inmigratorio regular pueden obtener beneficios públicos.

La Corte Suprema estatal sentenció en abril que las leyes estatales y federales no permiten a los beneficiarios del DACA obtener la matrícula reducida debido a su estatus irregular.

Aunque la ley federal no prohíbe a los inmigrantes no autorizados asistir a las universidades públicas, las leyes estatales varían en cuanto a la matrícula reducida, que beneficia a los que se han graduado de las escuelas secundarias del estado.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales dice que 20 estados ofrecen la matrícula reducida a los inmigrantes no autorizados, entre ellos California, Kansas y Nueva York. En Hawai, Michigan, Oklahoma y Rhode Island, las matrículas reducidas son autorizadas a través de los sistemas de universidades estatales.