Nicaragua pide reformas al Seguro Social a pesar de críticas

El gobierno de Nicaragua ordenó cambios al Seguro Social que no han sido bien recibidos por los diferentes sectores del país. Primero pidió aumentar la cuota patronal y laboral e impuso un 5% de...

El gobierno de Nicaragua ordenó cambios al Seguro Social que no han sido bien recibidos por los diferentes sectores del país.

Primero pidió aumentar la cuota patronal y laboral e impuso un 5% de aporte a los pensionados de su asignación mensual para cubrir los gastos del programa de enfermedad y maternidad. Según se dijo, esto forma parte de medidas para mejorar el balance financiero del sistema de pensiones.

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, anunció que la decisión fue tomada después de haber sostenido cuatro encuentros con el sector privado nicaragüense en los que no llegaron a ningún acuerdo, pese a “la urgencia” que merecía el tema.

“Se aplicaron ajustes necesarios al reglamento del Seguro Social”, aseguró López. “Nosotros hemos revisado la sostenibilidad a largo plazo y en cinco años estaremos revisando cómo se va planteando la situación, viendo que haya un balance entre los ingresos del instituto y los egresos del instituto”, añadió.

El funcionario del INSS explicó que no se aumentará la edad de jubilación, que es de 60 años, ni las semanas mínimas de cotización, que son 750 semanas.

La reforma al Reglamento de la Ley de Seguridad Social establece un aumento de 6,25 % a 7,25 % a la cotización que pagan los trabajadores a partir del 1 de julio próximo, según esa resolución administrativa.

También eleva de 19 % a 21 % la cuota patronal a partir de esa fecha y un punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0,5 puntos porcentuales a partir de 2020 hasta alcanzar un 22,5 %, según la resolución.

“Estamos más fregados porque los salarios están bajos y nos quieren quitar más por el seguro, no me parece justo”, dijo Alberto Morales, un vendedor de ropa en una tienda de Managua.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham, por sus siglas en inglés), rechazaron las decisiones adoptadas por el gobierno. “Estas medidas no constituyen una reforma integral que garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas del INSS y reduzca las actuales inequidades que aquejan el sistema”, dice el comunicado del COSEP leído por su presidente, José Adán Aguerri.

“La sostenibilidad de una institución tan importante como el INSS es primordial para el crecimiento económico y social del país”, señaló a su vez AmCham en un comunicado en el que se advierte que las medidas pueden generar más desempleo y hacer menos competitivo al país.

En febrero pasado, el Fondo Monetario Internacional recomendó al Gobierno de Nicaragua reformar su sistema de Seguridad Social antes que se agrave la sostenibilidad de sus finanzas, que tiene cinco años seguidos de déficit, y lo instó a buscar un acuerdo nacional.

El déficit del INSS al cerrar el año pasado fue de 79 millones de dólares en sus operaciones, mientras que en el año 2016, la suma fue de 52 millones, según datos oficiales del Banco Central.

“Ninguna medida impuesta tiene como resultado algo positivo, ojalá y se reflexione porque acá se está descargando sobre los empleadores, los trabajadores y jubilados, una responsabilidad en la cual el Estado tiene un enorme peso”, dijo a la AP el especialista en Seguridad Social, Manuel Ruiz.

En la reforma no se aborda asuntos como empleados supernumerarios en el Seguro Social, denuncias de corrupción e ineficiencia en la administración de los fondos.

El Consejo Directivo del INSS enviará esa resolución al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para su publicación en el Diario Oficial, La Gaceta.