Disidentes de las FARC secuestraron a otros dos ecuatorianos mientras organismos de seguridad de Ecuador y Colombia mantienen reuniones para diseñar estrategias para enfrentar la amenaza de este grupo que la semana pasada asesinó a tres trabajadores del diario El Comercio.

En la ciudad de Esmeraldas, 180 kilómetros al noroeste de Quito, autoridades civiles, militares y policiales de ambos países diseñan estrategias para hacer frente a la violencia en la frontera común. El lunes, ocho ministros de ambos países, cuatro de cada uno, se reunieron en la capital ecuatoriana con el mismo propósito.

El gobierno recibió la noche del lunes una comunicación directa de los secuestradores liderados por alias “Guacho”, quienes notificaron el acto delictivo y piden que se cumplan exigencias que no fueron precisadas. Anteriormente, los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían pedido la liberación de tres integrantes de ese grupo y que Ecuador rompiera un convenio antinarcóticos con Colombia.

En medio de este problema, los embajadores de Estados Unidos, China, España, Francia y Gran Bretaña visitaron al presidente Lenín Moreno para expresar el compromiso de sus países para cooperar con Ecuador en la lucha contra ese grupo armado ilegal.

“Van a gestionar toda la cooperación de esa experticia, tecnología y experiencia que esos países poderosos tienen y nosotros vamos a aprovechar contra este flagelo que azota... no solo a Ecuador”, destacó el mandatario.

Poco antes, Moreno mantuvo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad Pública y del Estado para analizar lo ocurrido con los dos ecuatorianos, identificados como Oscar Villacís y Kathy Velasco, informó la Secretaría Nacional de Comunicación.

Los plagiados son oriundos de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde sus familiares están bajo protección de la policía. Esa provincia limita al norte con Esmeraldas, ubicada en la frontera con Colombia.

Oficialmente se descartó que los secuestrados tengan algún vínculo con las fuerzas militares o policiales, tal como insinuaron los captores.

En rueda de prensa el ministro del Interior, César Navas mostró una videograbación en la que se ve a un hombre y una mujer en la que el primero dice: “Señor presidente, quisiera que nos ayude, nos dé una mano, que no nos pase lo que les pasó a los periodistas, tenemos hijos, tenemos familia... no tenemos nada que ver con esta guerra”.

En el vídeo aparecen un hombre de contextura robusta junto a una mujer aparentemente inmovilizados con cuerdas y custodiados por dos hombres armados y con el rostro cubierto.

Navas dijo que los delincuentes exigen la puesta en libertad de delincuentes, pero pareció insinuar que el gobierno no accederá. “Son nuestros enemigos, estos son los cobardes sanguinarios y agresivos que lo único que buscan es robarnos la paz y la tranquilidad de nuestra nación”.

Argumentó que con sus acciones, los disidentes de las FARC también buscan seguir sacando “su droga por Ecuador, por el río Mataje. Nosotros, de forma decidida desde el año anterior, frenamos este tráfico y hoy tenemos su arremetida y represalia, que sin duda alguna es dolorosa y ha cobrado vidas”.

El funcionario aludió al asesinato del equipo periodístico cometido la semana pasada por ese grupo ilegal y unas semanas antes, a la muerte de cuatro militares producto de un atentado con explosivos. Los cuerpos de los comunicadores no han sido recuperados, aunque se presume que están en el sur de Colombia, cerca de la costa del Pacífico.

Navas anticipó que no habrá que sorprenderse si de inmediato se atenta contra la vida de los nuevos cautivos e hizo un llamado a Colombia a cumplir con los compromisos para actuar coordinadamente en operaciones militares y policiales.

El vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, dijo que se han intensificado las operaciones en la búsqueda y captura de “Guacho” y que el gobierno ha elevado la recompensa a 400 millones de pesos (unos 145 mil dólares).

“Es una prioridad militar, policial y judicial en (la) zona de frontera colombiana para contribuir de manera efectiva y cerrarle el paso a quienes quieren sembrar la violencia en esa zona”, agregó.

Ambos países comparten alrededor de 640 kilómetros de frontera que se extienden desde el océano Pacífico hasta la Amazonía, donde por la mayor parte del lado colombiano operan con relativa libertad grupos armados de delincuentes, narcotraficantes y exintegrantes de las FARC.

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El corresponsal de AP en Bogotá, César García, contribuyó con esta nota.